Numerosos colectivos exigen la retirada del anteproyecto de ley de acuicultura

Años esperando por un texto que regulase la acuicultura en Galicia y, cuando llega, desata una tormenta político-social que va a ser difícil de parar. El sector pesquero en general, y el mejillonero en particular, rechazan de plano un texto normativo que, aseguran, deja la costa gallega en manos de las multinacionales acuícolas más poderosas. La conselleira, Rosa Quintana, se confiesa boquiabierta. No se esperaba el diluvio de críticas que le están cayendo a ella y a su departamento, y prefiere tomarse como una inocentada eso de que se pretende «venderlle ás praias aos chinos».

Quizá toda la confusión resida en un texto farragoso y complicado -la misma Quintana admite que es denso y técnico-, que ni en una sexta lectura, afirman algunos afectados, se termina de comprender, y que remite continuamente a futuros reglamentos que quién sabe qué derroteros podrían seguir una vez aprobada la ley.

El olvido del mejillón

Eso y que el prólogo de la norma se enzarce en diatribas sobre que el hambre se cernirá sobre el mundo si no se desarrolla la acuicultura para abrir más fuentes de aprovisionamiento de proteínas, amén de que no hace ni una sola referencia al sector que ha dado a Galicia el liderazgo en materia acuícola -que no es otro que el mejillonero-, han hecho saltar todas las alarmas y creado el caldo de cultivo propicio para una rebelión. Esa revuelta ya ha comenzado y exige, por boca de numerosos colectivos, la retirada del actual anteproyecto para empezar a redactar de cero uno nuevo. Otro distinto, en el que, desde luego, tenga participación el sector implicado. Estos son algunos de los reproches que bateeiros, mariscadores de a pie y a flote y marineros realizan al texto.

Sector estratégico

Una primacía que podría perjudicar a las actividades tradicionales. Que la legislación dé a la acuicultura el rango de interés público de primer orden y que declare los planes sectoriales de ordenación de este sector para la parte litoral e interior de la zona terrestre de incidencia supramunicipal -prevalecen sobre el urbanismo local- hacen temer que se priorice la instalación de plantas de acuícolas sobre todo lo demás, incluso desplazando a las actividades tradicionales ya implantadas. Apuntan que, con esa calificación, se podrá expropiar a los titulares de terrenos para instalar piscifactorías. Hay quien sostiene incluso que pone todo el litoral gallego a disposición de las multinacionales noruegas, japonesas y canadienses, al establecer «que o 100 % do mesmo é susceptible de acoller piscifactorías», explicaba AGE.

Acuicultura multitrófica

Juntos y revueltos. Aparte de que el sector del mar entiende que la ley está redactada para favorecer la acuicultura intensiva a escala industrial, también reprocha que ponga una alfombra roja a la acuicultura multitrófica integrada (AMTI, por sus siglas en inglés), que reúne en una misma instalación varios cultivos de especies de distintos escalones de la cadena trófica (peces, moluscos y algas, por ejemplo). Los colectivos recelan de una técnica que ha sido exportada por Canadá pero cuyas implicaciones medioambientales o de sanidad animal y humana, no están evaluadas, por más que se diga que se reduce el impacto contaminante.

Cualquier especie

Riesgos medioambientales. Que la Lei de Acuicultura pretenda bendecir el cultivo de cualquier especie no contribuye a infundir confianza en el sector. Autoriza todo tipo de variedades taxonómicas, incluso foráneas o exóticas, que «poderían acabar sendo invasoras do medio natural». Y ni siquiera la obligación que incluye de tomar «líneas específicas dedicadas a garantir o illamento biolóxico e sanitario da súa biomasa e a conseguinte sostibilidade ecosistémica da explotación», consigue aplacar esas susceptibilidades.

Ótimo aprovechamiento

Objetivo etéreo. Entre los bateeiros despierta recelos que en la ley se repita de forma incesante que su objetivo es buscar el «óptimo aproveitamento do potencial produtivo dos recursos acuícolas». Es algo que «leva a confusión e crea inseguridade xurídica», dicen, puesto que ¿quién marca cuál es ese aprovechamiento óptimo? ¿Quién lo interpreta? Quizá eso no revistiese tanta importancia si la ley no estipulase que se puede retirar el permiso o la concesión si se incumplen «os obxectivos de rendemento».

Capacidad de crecimiento

La desventaja del mejillón. Otro de los temores del sector bateeiro se sustenta en que el texto pretende dar primacía a aquellos cultivos con mayor capacidad de crecimiento. Y está claro que una actividad tan consolidada como la acuicultura parte con desventaja en esa carrera, pues no tiene ya tanto potencial.

Evolución del marisqueo

Playas para los chinos. La medida con la que Mar, según sostiene, pretendía abrir al marisqueo la posibilidad de beneficiarse de ayudas europeas, ha sido interpretada por el sector como un intento de privatizar las playas y entregarlas al mejor postor a través de un concurso, cuando no mantienen, como Aproamar, que la norma convierte en obligatorio ese paso, por más que las autoridades autonómicas digan que esa conversión de mariscadores en acuicultores es voluntaria y que tendrán prioridad las asociaciones del sector.

Una ola creciente de descontento que ha llegado hasta los grupos municipales del PP

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, asegura no entender las razones por las cuales el texto que ha presentado su departamento ha sido tan mal recibido por el sector. Pero lo cierto es que, desde su salida a la luz pública, ese documento ha generado una ola creciente de malestar. Empezó a rumiarse este en las oficinas de las cofradías, de las agrupaciones de mejilloneros, donde no daban crédito a que «unha lei coma esta se faga sen falar co sector». Y se extendió luego por los puertos de toda Galicia, llenando de preocupación hasta al último productor gallego.

Buena muestra de ello fue lo ocurrido el mes pasado en el auditorio de Vilagarcía de Arousa. El día 11 de diciembre se celebró una asamblea general del sector mejillonero. Un encuentro al que estaban convocados todos aquellos que tuviesen bateas, fuesen de una asociación, de otra o de ninguna. El asunto que se iba a tratar era la Lei de Acuicultura. Y quedó claro que el tema interesa: el auditorio de la capital arousana se quedó pequeño para acoger a los cientos de productores que, llegados de toda la costa gallega, pidieron la retirada de un texto que, decían, los condenaba a muerte, a la extinción.

Poco después, aglutinados alrededor de la Plataforma para a Defensa da ría de Arousa, cofradías y bateeiros pedían de forma contundente y unánime la retirada de una Lei de Acuicultura que, entienden, acabará con el trabajo del mar tal y como lo conocemos, sustituyendo a la red de productores que hoy faenan en la ría por grandes corporaciones, representantes de un modelo depredador y no sostenible. De ese movimiento nació, también, la decisión de llevar a cuantos más plenos mejor, una moción en contra de los proyectos de Mar.

Rebelión en el PP

Esta misma semana, esa moción fue aprobada por unanimidad por el pleno de A Illa, donde contó con los votos a favor incluso del PP local. No será este el único sitio en el que el partido de la gaviota vote en contra de una de sus consellerías: en O Salnés, los populares no están dispuestos a respaldar un documento que ha sido radicalmente rechazado por sus vecinos. Bien sea porque no se ha explicado suficientemente, bien sea por diferencias de calado en su contenido, el PP arousano parece dispuestos a romper la disciplina de partido y alinearse con sector y oposición contra el texto de la discordia.

---

---

---