A menos de dos meses de que entre en vigor la obligación de desembarque en la pesca de merluza y cigala, ni la flota ni Bruselas tienen del todo claro cómo afrontarla
09 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Prohibición de descartes -o, leído al revés, obligación de desembarco- y estabilidad relativa se presentan como un cóctel letal para la flota gallega. El nerviosismo es patente entre los armadores de aquellas modalidades de flota que en apenas dos meses tendrán que observar una norma impuesta desde Bruselas para lavar su imagen y quedan bien ante la opinión pública. Lo admitió la semana pasada en A Coruña, en el marco del tercer congreso de la Fundación Rendemento Mínimo Sostible e Social (Fremss), el director de Políticas y Coordinación de la Dirección General de Pesca, Ernesto Penas, que esquivó como pudo todos los dardos lanzados desde un sector que se hunde cada vez más en el pesimismo ante el reto que se le presenta.
Si la prohibición de descartes en las pesquerías pelágicas fue un paseo gracias a las excepciones incorporadas -básicamente la autorización del slipping (abrir el cerco cuando se aprecia que las capturas no son las deseadas)-, no parece que vaya a ser lo mismo con las pesquerías mixtas. Dos de ellas caerán en enero: la merluza y la cigala. Y otras, como el rape o el gallo, en enero siguiente.
En estos casos, las interferencias pueden llegar a atrofiar la actividad, en el sentido de que se puede agotar la cuota de una especie de las denominadas cuello de botella -de las que se tienen poco o ningún cupo, como son los casos del bacalao o el rape para la flota española- e impedir la captura de otras especies para las que sí se disponen posibilidades de pesca. Y para eso, Ernesto Penas no ofreció una solución satisfactoria más que su optimismo desbordante.
Llamada de París
Dijo que en el mismo problema que España, especialmente castigada por la estabilidad relativa, se van a ver otros países. Y si hasta ahora siempre era Madrid la que llamaba a las puertas de las demás capitales en busca de cuotas, a partir de enero puede que sean Londres, París o Dublín las que acudan a Madrid por su interés en cambiar cupos. «El Reino Unido tiene poca cuota de merluza, que captura junto al eglefino, y Holanda y Bélgica van a por peces planos, pero les sale bacalao y eglefino, para las que tienen poco cupo», comentó Penas, para explicar que esas especies limitantes abrirán más el mercadeo interestatal de posibilidades de pesca. Pero admitió que no va a ser nada fácil y que «la práctica dirá si son suficientes» los elementos de flexibilidad aceptados. En este sentido, el director de Políticas y Coordinación de la DG Mare señaló que en los planes de descarte aprobados por la Comisión ha aceptado y recogido casi con puntos y comas la propuesta realizada por los Estados y por los consejos consultivos regionales (RAC).
Pese a todos los obstáculos que se presentan, la prohibición de descartes no tiene marcha atrás. Y el sector europeo se ve abocado a implantar en tres años lo que Noruega tardó veinte y aún así con imperfecciones -«Dan el pego», admitió Penas-.
La estabilidad relativa
Lo que se dio prácticamente por vía muerta son alteraciones de la estabilidad relativa (clave de reparto de cuotas entre los Estados miembros, fijada antes de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea). «No seré yo el que la defienda, pero se ha discutido varias veces y se ha mantenido porque la mayoría quiere; se ha intentado cambiar varias veces y no se ha conseguido nunca», explicó Penas.
Precisamente ese inmovilismo, esa reticencia a cambiar «os privilexios anteriores ao 86» escandaliza a la economista María do Carme García Negro, que no entiende cómo todavía no se ha actuado en contra de ese «criterio de conveniencia» que ya debería estar anulado porque contradice los principios fundamentales de la Unión Europea: «Non sei a que están esperando [para denunciar la estabilidad relativa], ao mellor a que desguacemos todo», dijo la profesora de Economía Pesquera.
La Xunta manifestó en reiteradas ocasiones su intención de actuar jurídicamente contra esa clave de reparto, pero todavía no ha ejecutado su amenaza. En este sentido, la doctora García Negro aseguró que «habería que tomar máis en serio os instrumentos de acción que dispón a propia Comunidade Europea». Y es que Galicia «é unha potencia europea e a acción do Goberno ten que corresponderse con ese nivel».
La economista pesquera llamó a hacer valer la unión entre investigadores, científicos, cofradías, pescadores y Administración, pues, aseguró, la normativa europea recoge que se puede hacer valer el conocimiento empírico con posibilidad, incluso, de «chegar ao veto».
García Negro apeló a la necesidad de interpretar la normativa no tan al pie de la letra como lo hace España y observar a los demás socios, «que cada un fai da súa capa un saio», pero, eso sí, «escriben que o cumpren».