La Comisión dice que es más una cuestión de reputación que de sostenibilidad
04 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Noruega ha tenido 20 años para adaptarse y aún así, sus autoridades políticas, cuando se relajan y charlan con una cerveza delante, admiten que el nivel de descartes está en el 15 % y que el control de esa obligación de desembarque es más bien laxo. Pero Europa ya no dispone de tiempo. Va con mucho retraso. Por eso «la idea de aplazar la prohibición de los descartes» que ayer planteó Galicia por boca del presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, primero -reclamó una aplicación flexible y realista-, y por la de Antonio Rodríguez, subdirector xeral de Mercados de la Consellería do Mar, después -demandó una suavización en los primeros años para ganarse el apoyo y comprensión del sector-, «no tiene recorrido», sentenció Ernesto Penas, director de Políticas y Coordinación de la Dirección General de Pesca (DG Mare).
Penas, que ayer puso voz a Bruselas en el tercer congreso de la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss), dejó claro que ya no es solo un tema de sostenibilidad de los recursos -que también, por mucho que los demás ponentes sentados a su lado lo pusiesen en duda-, sino que es más una «cuestión de reputación». Y recordó que acabar con los descartes fue un objetivo del que se empezó a hablar en el 2002, que en el 2006 se propuso al sector que plantease una fórmula de abajo a arriba y que en el 2013 a la anterior comisaria Maria Damanaki no le quedó más remedio que imponer por la presión de la opinión pública.
Eso hiló con su intervención de por la mañana, en la que dejó patente que «la gestión de la pesca se está convirtiendo en una cuestión social». Esto es, que la toma de decisiones en esta materia ya no se lleva a cabo con elementos puramente pesqueros, sino que los cambios institucionales han dado entrada a voces «que no se ganan la vida con la pesca, pero que son actores poderosísimos y ejercen mucha presión».
Más actores
¿Es legítimo? «Es así, y hay que aprender a jugar en este nuevo terreno de juego en el que hay muchos actores», señaló Penas, que advirtió que el peso de la opinión pública aún no es demasiado perceptible en España pero que es brutal en otros países del entorno. Es más, en estados como Alemania, Suecia o el Reino Unido, el mercado está dominado por el producto certificado y si el 10 % de la producción de pescado salvaje lleva ese sello es para no perder cuota. Como ejemplo más claro de esa presión de la opinión pública, el funcionario de la DG Mare puso como ejemplo la prohibición de cercenar a bordo las aletas de tiburón, que se aprobó por aplastante mayoría después de la difusión de un espeluznante documento audiovisual en el que se veía a un tiburón despojado de sus aletas irse al fondo del mar.
Claro que lo más probable es que esa captura fuese de un barco asiático y que formase parte de una campaña de desprestigio, con lo que la actuación de la Comisión, de dar más peso a la opinión pública que a la ciencia es un «ejemplo de manifiesta aberración administrativa», dijo desde el público el biólogo Jaime Mejuto.
Cambios necesarios
Cuando el moderador del debate sobre el tratamiento institucional de la pesca, el abogado Francisco Peleteiro, preguntó a los ponentes qué era preciso cambiar, Ernesto Penas lo tuvo claro: «El sector tiene que cambiar de ser reactivo a proactivo».
El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, puso más énfasis en la falta de unidad -no en vano el problema con el cerco planeó sobre el congreso- porque hay una «excesiva atomización en la representación gallega». Y la conselleira do Mar, Rosa Quintana, aludió a la necesidad de cambiar el patrón de acción-reacción -«a cada cousa que fai a Administración, o sector reclama»-, ir de la mano conjuntamente y, sobre todo, «cambiar a visión negativa que o sector ten do control, cando é algo que nos da credibilidade».
Claro que eso es difícil cuando el sector «recibe sancións como si foran multinacionais», explicó el secretario xeral de Pescagalicia, Torcuato Teixeira, que denunció la falta de empatía de las instituciones.
Europa cocina una nueva legislación «revolucionaria» que eliminará el 40 % de las vedas
Podría hasta decirse que Ernesto Penas estaba emocionado cuando al hablar de ese camino sin retorno que es la obligación de desembarque -o la prohibición de los descartes- avanzó que en el primer trimestre del año que viene saldrá una nueva legislación «un poco revolucionaria», que deja mucho margen a la gestión regionalizada y que va «a cambiar la forma de legislar». No avanzó mucho más, aunque aclaró que, por ejemplo, ahora serán los propios afectados y no Bruselas los que decidan «la distancia entre la relinga y el panel de malla cuadrado», o que se eliminarán el 40 % de las vedas que existen, ya que no valen para los objetivos de conservación, y será el sector el que decida las reservas espacio-temporales necesarias.
En definitiva, «una nueva forma de legislar, un tanto extraña y que quizá no se entienda», dijo Penas al tiempo que pidió «paciencia» porque se explicará bien «un cambio radical» en la decisión de las medidas técnicas. «¡Miedito me da!» fue todo lo que su entusiasmo consiguió arrancar de un público acostumbrado a que de Bruselas solo lleguen recortes y medidas que, a juicio del sector, los perjudica.
Revisión del reparto en el cerco
Los 120 barcos que están parados por falta de jurel para pescar se dejaron sentir en el congreso de la fundación Fremss. Y no solo porque sus representantes abordaran al secretario general de Pesca, sino por las preguntas que lanzaron distintos agentes. Andrés Hermida reiteró que tras la campaña de este año se analizará «cómo funcionó de bien o de mal el reparto», y la conselleira do Mar puso en duda la conveniencia de pedir un reparto por tripulante.