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«La rentabilidad de la pesca ha crecido estos años más que en otros sectores»

espe abuín REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

CRISTIAN PORTEIRO

Karmenu Vella, comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, sostiene que la recuperación de los «stocks» es el único camino para que el sector tenga futuro

08 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Malta es tierra de comisarios... de Pesca. Karmenu Vella (Zurrieq, 1950) es el segundo de esa nacionalidad que se ocupa los asuntos marítimos europeos. Esa proximidad por nacimiento a la pesca y a los pescadores hace que Vella se afane aún más en lograr un futuro próspero para la actividad. Eso sí, una prosperidad que indefectiblemente pasa por una pesca sostenible, sin descartes, con abundancia de recursos en el caladero que darán paso a comunidades pujantes. Con motivo de su visita a Vigo, Vella respondió a un cuestionario.

-¿Bruselas tiene ventanas al mar? Los profesionales se quejan de que se legisla desde despachos que no entienden qué es la pesca y los obligan, por ejemplo, a dar preaviso de llegada a puerto con dos horas y media de antelación cuando apenas trabajan a una hora del caladero.

-La legislación pesquera debe desarrollarse desde el conocimiento de los pescadores, armadores, industria transformadora y de toda la gente cuyas vidas dependen del mar. Las reglas de la política común de pesca fueron redactadas en constante cooperación con los Estados miembros, la industria y otras partes interesadas. Agradezco cada oportunidad que tengo para hablar con los pescadores y sus organizaciones y es lo que espero hacer durante mi visita aquí, en Vigo. Los consejos asesores para cada caladero (hay uno para el Atlántico suroccidental) también juegan un papel importante, reuniendo a expertos nacionales, representantes pesqueros, armadores y sociedad civil. O los grupos de acción costera, que se movilizan para dinamizar las comunidades pesqueras con fondos de la UE. Tener las mejores medidas de política posibles e implementarlas con efectividad es un objetivo para la Comisión, Estados y ciudadanos.

-¿Europa quiere un sector pesquero fuerte? ¿O, como denuncian los profesionales, prefiere desmantelar la flota y procesar lo que pescan otros?

-La política común pesquera europea tiene un objetivo principal: asegurar que la pesca y la acuicultura son sostenibles a largo plazo en términos medioambientales económicos y sociales. Esto supone preservar y gestionar los recursos, mejorar la productividad y garantizar un correcto nivel de vida para las comunidades costeras y el sector pesquero en general, incluida la artesanal. Como demuestran datos recientes, la rentabilidad de la flota comunitaria ha mejorado en los últimos cinco años. Y este incremento fue relativamente mayor que en otros sectores de actividad. La principal razón detrás de esta mejora en la rentabilidad se debe a que las prácticas pesqueras son más sostenibles, lo que ha conducido a que haya stocks en mejor situación y más abundantes.

-Sabrá que la escasez de cuotas tiene al sector en pie de guerra. El cerco se está manifestando, la volanta protestando, el arrastre va en masa al desguace, el palangre detrás en la fila...

-Cuando me reúno con los ministros de todos los Estados miembros para decidir las cuotas, la decisión se refiere estrictamente a la cuota que corresponde a cada país. Después, las autoridades nacionales distribuyen las cuotas entre las diferentes flotas, ya que conocen mejor las necesidades de su industria pesquera.

-La obligación de desembarque no tiene marcha atrás. ¿No es un experimento demasiado arriesgado para el sector pesquero? ¿No convendría dilatar el calendario de prohibición de los descartes?

-La obligación de desembarco no es un experimento. Al contrario, es el medio por el que las pesquerías europeas pueden evolucionar desde las prácticas derrochadoras hacia métodos de pesca sostenible. A todo lo que se pesca se le dará uso, sacando beneficio económico de todos. Es el camino a seguir si queremos tener stocks robustos y abundantes. Al mismo tiempo, somos conscientes de que esto es un proceso de aprendizaje para todos. Estamos aquí para ayudar a tener una transición suave hacia las nuevas medidas. Los planes de descarte han sido desarrollados por los estados miembros a través de los consejos regionales. La obligación de desembarco se ha probado durante un año en el Báltico y su implementación ha sido suave. Esto es también debido a un fuerte compromiso de los pescadores para mejorar la selectividad de las artes, un compromiso que esperamos también en otras pesquerías.

-¿Se revisará la política de aletas de tiburón adheridas que deja en inferioridad a la flota palangrera europea con respecto a otros países?

-En el 2013, la UE y los Estados miembros decidieron poner fin al finning tapando las lagunas legislativas que permitían a los pescadores cortar a bordo la aleta y desembarcar los cuerpos separados de la extremidad. No tenemos la intención de proponer nuevos cambios en las reglas. En el nuevo reglamento, la Comisión presentará en el 2016 un informe al Consejo y al Parlamento en el que se revisará la eficacia de la norma.

-¿Hay que prohibir el arrastre de fondo?

-La Comisión nunca planeó, ni es su intención, proponer una prohibición del arrastre en general. La Comisión propuso en julio del 2012 vedar los artes de arrastre solo para la pesca de aguas profundas, para asegurar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. La propuesta solo afectaría al 1,5 % de los barcos que trabajan en aguas comunitarias. El debate está en marcha entre el Parlamento y el Consejo y se estudian alternativas para proteger esos ecosistemas frágiles.

-¿Y artes como el xeito?

-Somos conscientes de la sensibilidad que hay tras las redes de enmalle a la deriva. Nuestra propuesta trataba de responder a las inquietudes, sobre todo medioambientales, planteadas por el uso de ese arte de pesca. Ahora se está estudiando con el Consejo y el Parlamento cómo tratar a estas redes de deriva artesanales como el xeito. No podemos adelantar conclusiones, pero estoy seguro de que conseguiremos recoger esas sensibilidades.

«Aprecio el trabajo de España en la lucha contra la pesca ilegal»

El socialdemócrata Vella esquiva pronunciarse sobre el principio de estabilidad relativa. Se limita a decir que es una clave de reparto fijada en 1983 y que en el 2013 fue refrendada en la nueva política común de pesca por los 28.

-España ha hecho esfuerzos para impedir que entre por sus puertos pescado de la pesca ilegal y este acaba llegando a Europa por otros más laxos en sus inspecciones. ¿Va Bruselas a advertir o sancionar a los más permisivos?

-Una de mis prioridades es continuar luchando contra la pesca ilegal en el mundo. En un esfuerzo por unir a todos los Estados miembros enviamos información y guías para una correcta aplicación de las reglas. Aprecio mucho el trabajo que España ha hecho mejorando sus controles en el puerto de Las Palmas. Debemos evitar la comercialización de pescado ilegal en el mercado europeo y que hagan competencia desleal a la industria pesquera de la UE. Hasta la fecha, la Comisión ha enviado más de 180 alertas sobre situaciones de riesgo y solicitando investigaciones sobre presuntas actividades de pesca ilegal. Me siento orgulloso de decir hay más de 200 rechazos a la importación, muchos emitidos por España.

-Han surgido roces entre la pesca y los intereses petrolíferos en las aguas comunitarias. ¿Bruselas va a exigir estudios sobre el impacto sobre las especies pesqueras?

-El espacio marítimo no es infinito y esos roces son comprensibles. Pero le aseguro que antes de que se ejecute cualquier proyecto para extraer petróleo, la legislación comunitaria exige que se tenga en cuenta todo el impacto medioambiental: cómo las prospecciones en busca de gas y petróleo afectan a la naturaleza, incluyendo el impacto sobre los recursos pesqueros o los daños a los mamíferos marinos por el ruido de las perforaciones. Así podremos mitigar los efectos o incluso impedir que el proyecto se ejecute si causa impactos irrevocables. La Comisión es estricta en este requisito y si no se realiza, podríamos denunciar ante los tribunales por no cumplir la ley de la UE.