Los barcos con ayudas para desguace no podrán vender derechos de pesca

Actualmente, el armador que solicita ayudas públicas para desguazar su embarcación tiene la posibilidad de recibir subsidio por la paralización definitiva y puede, asimismo, vender los derechos de pesca que ese buque tiene asignados. Es una medida que levantó no poca polémica en su día en algunos segmentos de flota, como el arrastre de litoral, que pretendía precisamente evitar esa doble bonificación. Aunque había división de opiniones, buena parte del sector sostenía que si el barco se despiezaba con fondos públicos, los derechos de pesca, como recursos estatales que son, deberían ser devueltos a la Administración y repartirse o comercializarse entre la flota que quedaba activa en el caladero. Es más, armadores consultados subrayan que esa cortapisa figuraba en todos los borradores de orden de gestión del arrastre de litoral pero, curiosamente, desapareció del que finalmente fue el texto definitivo.

Ese párrafo que algunos profesionales echan de menos se recuperará en el real decreto que regulará el Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP). Al menos figura ahora mismo en el borrador, aseguró a este periódico el secretario general de Pesca, Andrés Hermida. Aunque admitió que la imposibilidad de vender las cuotas si se obtenían ayudas públicas para financiar la paralización definitiva ya estuvo otras veces sobre la mesa, el responsable pesquero no pudo explicar a qué se debió que fuera finalmente suprimida. «Non participei» en la elaboración de esa norma, que era responsabilidad de «outra dirección xeral» distinta a la suya.

Opiniones divididas

«Agora mesmo se poden transferir as cotas si se despeza o barco. Outra cousa é que no borrador que temos do novo real decreto para o FEMP establecemos que os dereitos de pesca deberán reverter á Administración se a embarcación se paraliza con axuda pública», explicó Andrés Hermida. Una decisión que tampoco ha conseguido eludir la polémica. No en vano las opiniones están muy divididas.

Sea como sea, lo cierto es que así figura en el borrador que ahora está en período de alegaciones. Se ha consultado al sector «para ver como se encaixa» ese cambio y «concretar que data se pon», a partir de la que ya no se podrán vender los derechos y cobrar por el desguace del barco.

En principio esa fecha está fijada para el 1 de enero del presente año, con lo que tendría efectos retroactivos con respecto al momento de la publicación, que todavía no puede siquiera aventurarse.

El secretario general de Pesca recordó que las subvenciones a la paralización definitiva no figuraban entre las medidas que pueden recibir financiación del nuevo FEMP y que se incorporó gracias a la presión de países como España. Hermida subraya que la posibilidad de acogerse al desguace es una opción que permitirá adaptar la capacidad de la flota a los recursos existentes, pero no constituye una obligación, «como parecen querer dar a entender agora algúns axentes do sector».

Creación de un registro al que no tienen por qué incorporarse las ventas privadas

Una de las reivindicaciones de buena parte del sector pesquero es la creación de un registro de posibilidades de pesca que permita recoger las transmisiones y pignoraciones de esos derechos. Es este un proyecto que, a decir del colectivo, contribuiría a mejorar la seguridad jurídica de los armadores y a dotar de una mayor transparencia a las operaciones que afectan a las licencias de pesca que han sido repartidas individualmente a empresas armadoras o a titulares de buques pesqueros. Es más, el PPdeG presentó en el Parlamento de Galicia una moción en ese sentido.

Voluntario

Según explicó Andrés Hermida, en eso se está trabajando. No ocultó, no obstante, las dificultades que entraña la empresa. «Nós imos facer un real decreto, que xa temos practicamente pechado, no que se vai establecer os dereitos que ten cada un», dijo. Ahora bien, «non se vai entrar no que son as transaccións privadas de cada armador». Y es que la abogacía del Estado advirtió de que no se podía obligar a registrar una operación particular.

«Si se compra cota e o novo propietario decide rexistralo, pode facelo, pero si non o fai, tampouco se lle pode obrigar», señaló Hermida. A efectos del ministerio, las cuotas que tiene cada barco son las que se publican a principios de año en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la resolución correspondiente. «Se se ten algún tipo de acordo e non se comunica ao rexistro, non se reflexará», concluyó Hermida.

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