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Agricultura irrumpe en armadoras gallegas vinculadas a pesqueros piratas

espe abuín, ana gerpe REDACCIÓN / LA VOZ

PESCA Y MARISQUEO

Inspectores y policías, dentro de la que antes eran las oficinas de Vidal Armadores en Ribeira.
Inspectores y policías, dentro de la que antes eran las oficinas de Vidal Armadores en Ribeira. MARCOS CREO

La operación, bautizada como Sparrow, podría conllevar la apertura de diferentes procedimientos sancionadores

12 mar 2015 . Actualizado a las 11:03 h.

Dos patrullas de policía a las puertas de las oficinas en las que antaño tenía su sede la empresa Vidal Armadores en Ribeira levantaron la liebre. Poco después salía a la luz la que se ha bautizado como operación Sparrow, que en lugar del Caribe y sus piratas tiene por puntos neurálgicos la Antártida, Ribeira y otros lugares de la provincia de A Coruña, y en vez de a la Perla Negra se persigue a los Seis bandidos, entre los que están el Yongding, el Thunder, el Songhua , el Kunlun -este último apresado a finales del mes pasado por Australia- y otros nombres que con una u otra filiación están recogidos en la lista negra de pesqueros piratas que maneja la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR).

Ayer, unidades de inspección de varias provincias adscritas al Ministerio de Agricultura y agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la sede de varias empresas, todas en la provincia de A Coruña, en busca de pruebas para verificar la supuesta vinculación de estas con la pesca ilegal en la Antártida.

El ministerio informó en un comunicado que los servicios de inspección pesquera han intervenido numerosa documentación, tanto en papel como electrónica, que examinarán y analizarán en los próximos días. Asimismo, explica que la operación Sparrow, todavía en curso, ha sido posible tras meses de investigación reforzada con la cooperación internacional.

Nueva Zelanda y la Interpol

Aunque Agricultura no lo ha confirmado, sí sugiere que el punto de partida de esta ofensiva contra la pesca pirata habría sido el avistamiento, por parte de la Armada de Nueva Zelanda y de la organización ecologista Sea Shepherd, de varios buques con bandera de Guinea Ecuatorial capturando merluza negra en aguas del océano austral. Además de dar aviso a la Interpol, que lanzó notas púrpura contra todos ellos, el ministro de Exteriores neozelandés pidió ayuda a España para verificar si, como sospechaban las organizaciones internacionales, los buques continuaban siendo de la empresa Vidal Armadores.

Sin precedentes en Europa

La ofensiva lanzada contra la pesca ilegal es «un operativo sin precedentes en la Unión Europea». Amparado en la reciente reforma de la Ley de Pesca Marítima, sitúa a España «aún más, si cabe, al frente de la lucha contra la pesca ilegal a nivel internacional», apuntan desde Agricultura.

La ministra del ramo, Isabel García Tejerina, dijo que la operación «es un paso» más en la defensa de los pescadores profesionales, de la sostenibilidad de los recursos y una gestión responsable. Lo cierto es que la Sparrow podría derivar en la apertura de diferentes procedimientos sancionadores en materia de pesca marítima. La legislación comunitaria prohíbe a los nacionales comunitarios su vinculación con buques incluidos en listas de pesca ilegal y la reformada ley española tipifica como infracción muy grave «la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas o de países terceros que incurran en actividades de pesca ilegal». ¿El castigo? Multas de hasta 600.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.