Proveer las arcas públicas para luego hacerles agujeros

Xosé manuel cambeiro LÚA DO VILAR

TRIACASTELA

ABRALDES

23 abr 2017 . Actualizado a las 09:19 h.

Las cesiones ilegales de trabajadores de los centros socioculturales acabaron judicialmente amparadas por 662.000 euros públicos. El problema no es el personal, que tuvo a mano un derecho y lo ejerció. E hizo bien. Es el camino elegido para la gestión de los centros con un alto tributo inesperado para las arcas públicas (de todos), una empresa cuya oficina no pisan sus propios trabajadores, un sistema errático que Raxoi se ha empecinado en mantener pese a sus gravosas consecuencias y una legalidad hecha trizas. Los trozos han ido a parar a la mesa del fiscal.

No hay nadie en la diana. No se apunta a nadie. Hacerlo, aparte de una insensatez, es una misión del fiscal, que debe certificar o desechar los indicios encerrados en los renglones acusadores. No obstante, los informes son reveladores de la poca lástima que inspiran las arcas locales, pese a haber pedido clemencia tras una ristra de sentencias continuadas que las sangraron a conciencia. Los centros socioculturales son una pieza de esa ristra judicial.

Cuando suceden estas sangrías se suele acudir a un argumento omnipresente: son gajes del oficio político-administrativo. Claro que sí, uno nunca está libre de que le caiga un batacazo judicial, pero leyendo los dictámenes, más que gajes del oficio son gajos de un proceder indigesto.

Los párrafos denunciadores esta misma semana de actitudes jurídicas negligentes (en los casos Setex-Aparki y expropiaciones de Triacastela) que han derivado en consecuencias económicas para el Concello, están en esa línea. Los descuidos los paga el erario, como una portería en la que se cuelan balones porque el guardameta está en el larguero.

En fin, la vida municipal fluye bifurcada por la plaza do Obradoiro y Fontiñas. Judicializar es un verbo de difícil conjugación que ningún maestro le pondría como modelo a los alumnos. Pero en Raxoi el pretérito, el presente y el subjuntivo están en el encerado. Hay cuestiones que llegan al fiscal porque no han tenido un fiscalizador.

Fricción legal

Cuando en el seno municipal la legalidad de algunas acciones echa chispas, con riesgo de incendio, es preciso poner ojos y no confiar en la providencia. Ello no impide mostrar valentía en la interpretación y llegar hasta donde los lindes de la normativa empiezan a tornarse difusos.

Obviamente, estas incidencias no son de la misma pasta de sinvergüencerías penales como la de Mercagalicia. La codicia y la usura mental, aún percibiendo 90.000 euros, buscan nuevos horizontes en donde la legalidad pierde su casto nombre. Mucho crudo negro queda todavía por extraer de ese pozo al que la administración quiere buscarle el fondo. Solo ha salido la mugre de cuatro ejercicios.

El caso de los centros socioculturales ha exigido una demora administrativa y un contrato inexistente, mientras los técnicos escarbaban en la documentación y preparaban el nuevo contrato. ¿Es excusable un retraso de tal magnitud? La oposición coincide en mover el dedo de un lado a otro, como un péndulo de Foucault que empezó a oscilar entre la legalidad y la ilegalidad y quedó averiado toda una temporada en el lado ilegal. Es decir, el servicio estaría navegando legalmente a la deriva.

Siendo así, tendría que haber viajado a la fiscalía en el maletín de las irregularidades, sellado con la docena de reparos puestos por la Interventora. La ley vigente empuja a los concellos (que asumen competencias de otros) a traspasar las fronteras de la legalidad para encajar sus políticas. Ello no encubre que el gobierno local ha cometido un exceso al alargar tanto la prestación sin contrato a Aresti Barca.

No es un alargamiento único. Van siendo tropa las concesiones que se elongan dolorosamente, o se empantanan, antes de colocarles un pliego de condiciones que las haga rodar. Hay tiempos de prórroga y post-prórroga prudenciales y los hay que hacen saltar a la oposición, con razón, de la bancada. ¿Qué hacer? Sencillamente prever, ver muy anticipadamente, y comenzar a mover la maquinaria licitadora. Y si el servicio exhibe plumaje municipalizador, analizarlo a la luz de la lámpara de Montoro. Lo malo es que se va a apagar.