«Por desgracia, queda gente que prefiere resignarse y no reivindicar sus derechos»

Ainoha Vega Sánchez es una joven abogada sarriana de la firma Aveira Abogados y Asesores, que solicitó al Concello de Sarria el cierre de dos fábricas de puertas de As Insuas que funcionaban ilegalmente desde hacía bastantes años. Para sorpresa de muchos, la nueva alcaldesa, Pilar López, mandó cumplir la ley y ordenó el cierre, sentando un precedente para muchos negocios que siguen funcionando sin licencia porque así lo permitieron alcaldes anteriores, generando inseguridad jurídica, pleitos eternos y gastos innecesarios en abogados y demás.

-¿Por qué el Concello ordenó cerrar las dos fábricas ilegales de puertas de As Insuas?

-Mis clientes han venido soportando durante años un constante ruido proveniente de esas empresas, que ha entorpecido el normal desarrollo de su vida familiar y ha afectado incluso a su salud y a la de sus hijos. Solo hay que ilustrarse un poco para darse cuenta de los daños auditivos y del sistema nervioso que causa el hecho de soportar un ruido constante no solo por su intensidad sino por su duración. A partir de ahí tuvimos acceso a los expedientes administrativos y pudimos constatar la falta de licencias de actividad en lo que se refiere a la calle Río Celeiro, que es donde se ubica la vivienda de mis clientes. Tras varios meses, la alcaldesa dictó un decreto en diciembre de 2015, que fue debidamente notificado a todos los interesados, en el que ordena la suspensión de las actividades. La decisión se basó en los informes de la técnico municipal.

-Pero siguieron funcionando

-Si, haciendo caso omiso a la orden de la autoridad. El 4 de febrero pasado la alcaldía, tras haber comprobado el incumplimiento de la orden de suspensión, dictó un nuevo decreto por el que ordena el cese inmediato y voluntario de las actividades concediéndoles un plazo de 24 horas y advirtiéndoles que de incumplir dicha orden se procedería al precinto de las instalaciones. En este punto entendemos que el ayuntamiento yerra, ya que según el reglamento de disciplina urbanística, una vez se notifica el acuerdo de suspensión, deben transcurrir 24 horas para que se cumpla de forma voluntaria, en caso contrario, hay que adoptar las medidas cautelares de forma inmediata. Luego, transcurrido incluso un mes desde la notificación y estando acreditado que las empresas continuaron desarrollando sus actividades incumpliendo la orden de suspensión, es motivo suficiente para aplicar sin más miramientos las medidas cautelares. Han tenido 8 meses para tratar de solventar la problemática existente de forma legal y pacífica, teniendo en cuenta además que una de ellas tiene otra nave fuera del casco urbano a la que trasladarse, si bien, ha preferido permanecer de forma ilegal en la calle Río Celeiro.

-Una concejala del PP y procuradora dijo en el pleno que se podrían legalizar las fábricas.

-Cabe matizar que todavía están en plazo de intentar legalizar la situación aunque desde luego no será posible en el estado en que están las instalaciones actualmente. Hablar es gratis, la cuestión es acreditar aquello que decimos.

-¿Por qué serían ilegalizables?

-Básicamente son cuatro los motivos: la existencia de licencias y otras vulneraciones de la LOUGA (ley de ordenación urbanística y protección del medio ambiente de Galicia) que nuevamente se basan en la existencia de unas licencias que no se acreditan. Y en el medio de todo esto, se cuestiona la forma de hacer política de la alcaldesa que, desde mi humilde punto de vista, debería quedar al margen del asunto administrativo. Teniendo en cuenta esto, no solo me parece plausible sino valiente, a pesar de ciertas voces que critican la aplicación de la ley.

-Aquella máxima de algunos alcaldes de «ti vai facendo, que xa se arreglará», parece que se quiere mantener viva, aunque a la vista está que eso al final es una inseguridad para las empresas, y una molestia para muchos vecinos que, normalmente, tienen que tragar y callar.

-No olvidemos que estamos en un pueblo y por desgracia aún queda mucha gente que prefiere correr un tupido velo y resignarse antes que reivindicar sus derechos. En este sentido considero que mis clientes han dado un paso hacia adelante que puede servir de ejemplo a muchos ciudadanos para romper el inmovilismo. Es importante que los ciudadanos sepan, que en el contexto político de corrupción en el que vivimos, aún existen políticos capaces de aplicar la ley. Y en este sentido debo destacar que la decisión de la alcaldesa conlleva un cambio político de progreso muy positivo para el futuro de Sarria.

Ainoha vega sánchez letrada sarriana de aveira abogados

«La decisión de la alcaldesa [de cerrar dos fábricas ilegales] conlleva un cambio político de progreso»

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