«Non vou dimitir», dice el alcalde de Monterroso tras la condena del Supremo

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

MONTERROSO

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Jesús Otero aseguró ayer que todavía no recibió la sentencia de las multas

27 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La condena de tres meses de prisión y la inhabilitación durante un año para ejercer cargo público impuesta por el Tribunal Supremo a Jesús Otero, actual alcalde de Monterroso y exsubdelegado del Gobierno en Lugo, desató la caja de los rumores sobre el futuro en el consistorio monterrosino. Pero el condenado por participar en la anulación de expedientes de multas de tráfico lanzó una advertencia a todos: «Non vou dimitir».

Ahora mismo, Otero es uno de los pocos alcaldes españoles en activo con una condena del Supremo. Nadie ha solicitado públicamente su dimisión, ni tan siquiera la oposición que tiene en el consistorio, que está formada por una concejala del PP y los tres del PSOE. «Nadie de dentro de la corporación la solicitará, por mucho que ahora se piense en que el futuro se presenta complicado para la llevanza del consistorio», aseguró ayer un vecino.

En el PSOE no quisieron pronunciarse. El PP también guarda silencio porque, aseguran en Monterroso, que la única representante que tienen en la corporación no estaría muy dispuesta a iniciar una ofensiva en contra de Otero.

Jesús Otero, por lo tanto, no se siente presionado dentro del consistorio para abandonar el sillón del que echó a su gran contrincante político y excolega en el PSOE, Antonio Gato Soengas. El regidor monterrosino, además de advertir ayer que no iba a dimitir, explicó que no podía aún pronunciarse sobre un posible recurso ante el Tribunal Constitucional después del fallo emitido por el Supremo tras la casación presentada en Madrid.

Y ese no pronunciamiento sobre los próximos pasos por el terreno judicial, dijo, es consecuencia de que ayer aún no había recibido la sentencia. Se trata de un fallo muy extenso, de más de cien folios.

De todos modos, Otero no dejará pasar la oportunidad de presentar un recurso ante el Constitucional. Ese paso podría ser uno de los argumentos que esgrimiría en caso de ser presionado políticamente para abandonar el cargo durante el año de inhabilitación. La espera por una sentencia del Constitucional sería la excusa principal para seguir.

En opinión de juristas consultados al respecto, el alcalde monterrosino podría encontrarse con que el Constitucional rechazase de entrada cualquier acción en relación con la sentencia del Supremo. «Dependerá de lo que argumente el abogado. La fórmula sería un recurso de amparo por una vulneración de algún derecho fundamental, que debería haber sido invocado, tan pronto como fuera posible, durante la fase judicial y desconozco si esto llegó a suceder. De no haber ocurrido puede que el recurso de amparo no sea aceptado», indicó un letrado lugués.