La Fiscalía no ve caso penal en el contrato del Concello y la Editorial MIC para editar la revista de San Froilán
LUGO CIUDAD
La Fiscalía Provincial de Lugo archivó la denuncia presentada por el expresidente de la Asociación Lugo Monumental, Luis Latorre, por un contrato firmado entre el Concello de Lugo y la Editorial MIC, con sede en León, para editar la revista de las fiestas de San Froilán. Entiende que por la vía penal no hay delito.
Practicadas las diligencias que se consideraron necesarias, entiende el fiscal que los hechos no revisten apariencia delictiva desde un punto de vista penal, si bien le deja la puerta abierta al expresidente de Lugo Monumental para que canalice su denuncia por otra vía jurisdiccional, como la administrativa.
Una vez presentada la denuncia, el 13 de marzo de 2017, la Fiscalía abrió diligencias para determinar presuntas irregularidades en la edición y distribución de la revista-programa de las fiestas patronales de Lugo por parte de la Editorial MIC. El fiscal también se dirigió al Concello de Lugo para que aportara un informe y documentación relacionada con los hechos denunciados; todo para determinar si la institución municipal y la editorial tenían suscrito algún tipo de contrato.
Entiende el fiscal que no existe delito de prevaricación ni de malversación de fondos públicos. «No puede hablarse de malversación en los hechos examinados. Según el resultado de las investigaciones, las aportaciones de los colaboradores, no pasan a formar parte del erario público. Son de carácter voluntario, a cambio de las cuales, los empresarios locales colaboran con estas publicaciones al mismo tiempo que son anunciados en la forma pactada con la editora. Dichas aportaciones ingresan en la editorial sin transferir cantidad alguna al Concello», manifiesta.
En cuanto a un posible delito de malversación, interpreta el fiscal «que el Concello no está decidiendo el empleo de unos fondos públicos a una finalidad concreta, sino más bien, otorgando cierta cobertura a una publicación sobre los festejos municipales, que efectúa una empresa privada, que recurre a fondos privados para sufragar los gastos aparejados a dicha finalidad, que sin duda tiene una relevancia a nivel municipal, con el consiguiente beneficio empresarial o comercial».
En un escrito remitido a las partes, la Fiscalía archiva las diligencias y entiende que tales cuestiones deben ser resueltas por los juzgados de jurisdicción contencioso-administrativa, a la que indica, pueden acudir con total libertad los particulares que se consideren afectados.