Los pagos de dudosa legalidad que hace el Concello ya suman 37 millones

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

LUGO CIUDAD

El PP dice que la alcaldesa hace un «levantamento compulsivo» de las advertencias

25 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El mes que viene, los pagos que el Ayuntamiento de Lugo hace con advertencias de posible ilegalidad por parte del interventor ya alcanzarán los 37 millones de euros, según la cuantificación del PP. El portavoz de la formación, Jaime Castiñeira, advierte que la situación puede tener consecuencias legales par ala alcaldesa por el «levantamento convulsivo dos reparos da legalidade de intervención». «Á xustiza pode que non lle sirva ese comportamento», dijo el portavoz popular. Los pagos anuales con reparos de legalidad se elevarán a casi un veinte por ciento del presupuesto total del Concello de Lugo.

Según Castiñeira los pagos sin contrato a la empresa del agua ascienden ya a veinte millones de euros. A partir del mes que viene también la concesionaria de la recogida de basuras comenzará a trabajar sin contrato.

La «enésima irregularidad de Lara Méndez», según el PP, es el pago de unos veinte millones de euros a la empresa del agua, la multinacional que se ocupa de la gestión de la depuradora y la potabilizadora y que facturó desde el remate de su prórroga contractual unos 10,3 millones de euros por la estación depuradora de aguas residuales y otros 8,8 millones por los trabajos en la estación de tratamiento de agua potable. En el primer caso está sin contrato desde noviembre de 2011 y en el segundo, desde febrero del mismo año.

«Se temos en conta que por encargarse das dúas plantas vén cobrando ao mes uns 270.000 euros, e que o panorama non ten visos de mudar moi facilmente, a cifra dos 20 millóns de euros non tardará en quedarse pequena», advirtió el portavoz del PP.

«Aínda que mañá se regularizase a súa situación, cuestión altamente improbable, esta contía tamén se superaría con certeza dado que Gestagua rexistra as súas facturas ante o concello con meses de demora», dijo. Según su opinión, las tareas en la potabilizadora se hacen con un «simple contrato de posta en marcha e non de xestión». En lo que respecta a la depuradora «o único contrato que había é para estación vella, non para a nova o que pode engadir algunha implicación legal».

Para Castiñeira resulta «escandaloso que pase un ano tras outro sen que Orozco antes nin Méndez agora dean un mínimo paso ou fagan un xesto do goberno por que unha actuación que debera ser excepcional non acabe convertida na práctica habitual de contratación deste goberno». Explicó que el hecho de no adoptar medidas puede acarrear a la alcaldesa problemas judiciales.

Advierte el edil que una nueva adjudicación de los servicios del agua podría haber supuesto un ahorro a la institución municipal de entre un veinte y un treinta por ciento. «Os cinco millóns que lle levamos regalados a Gestagua estarían moito mellor destinados ao saneamento dos barrios e parroquias», dijo