Tres detenidas y dos investigados en Lugo en un fraude masivo del plan PIVE
LUGO CIUDAD
La trama, con 75 arrestados, cobraba por dar documentación de coches dados de baja
22 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las ayudas del plan PIVE son historia desde el pasado verano, pero no así el fraude que se tejió en torno a la consecución de las subvenciones y que la Guardia Civil comenzó a investigar en diciembre del 2015. El instituto armado confirmó ayer la detención de 75 personas por un fraude masivo en la solicitud de las ayudas para la renovación del parque de vehículos por otros menos contaminantes. Aunque la operación, bautizada como Preveo, tiene su epicentro en Ciudad Real -allí se practicaron 58 de las 75 detenciones-, también salpicó a Madrid, Córdoba, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.
En concreto, en Galicia fueron detenidas tres personas, y otras dos más forman parte del total de 29 investigadas en la trama, que se extiende a un desguace, concesionarios, talleres, gestorías y particulares. La red operaba cobrando entre 150 y 400 euros al comprador del vehículo nuevo por facilitarle la documentación de un coche para achatarrar, que ponían a su nombre -apenas tres días- para solicitar la ayuda: 1.500 euros que aportaban a medias la Administración y el fabricante.
La Guardia Civil mantiene abiertas las pesquisas, de cuya instrucción se encarga el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ciudad Real, que puso en libertad con cargos a los detenidos, sin descartar más arrestos.
El cerco en Galicia se cerró en diciembre del 2016, cuando el instituto armado detuvo a una mujer de A Estrada, consejera de la red de concesionarios Ibérica Gestoso S.L. -con sedes en las localidades pontevedresas de Vilagarcía y A Estrada y en la lucense de O Ceao-, acusada de un delito de falsificación documental y usurpación de identidad. Supuestamente falsificó la firma del propietario de dos vehículos (sin su consentimiento) en la documentación del desguace para darlos de baja. La finalidad era que los compradores de coches nuevos pusieran los achatarrados a su nombre, tramitándolo en su gestoría, para cumplir las condiciones de acceso a las ayudas del PIVE.
La Guardia Civil también detuvo en Lugo a la representante legal de Autos Iglesias, acusada de estafa por hechos similares, mientras que la tercera arrestada fue una vecina de Guitiriz, imputada por el mismo delito. Esta última, si bien negó conocer los hechos, admitió que le ofrecieron un vehículo para beneficiarse de la subvención.
Las investigaciones comenzaron en diciembre del 2015 tras la denuncia de un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), al que le estaban cobrando el impuesto de circulación por un coche que había entregado al desguace para achatarrar. A raíz de ello se destaparon irregularidades en la tramitación de la bajas de más de 350 vehículos, transferidos a terceros y usados para solicitar la subvención del PIVE.
Un plan exitoso para reflotar el sector
El Gobierno creó en el 2012 el Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente -plan PIVE- para impulsar las ventas y dar oxígeno a un sector clave pero golpeado por la crisis. Expiró en julio del 2016, tras ocho prórrogas y una inversión de 1.115 millones. Inicialmente las ayudas eran de 2.000 euros, pero luego se rebajaron a 1.500. El comprador debía achatarrar un vehículo de más de 10 años para tener el descuento en el nuevo. Para frenar la picaresca, el Ejecutivo endureció las condiciones: acabó exigiendo que el coche viejo hubiera sido propiedad del titular al menos 12 meses.