Más de la mitad de la plantilla de la Policía Local sigue imputada por el caso de las multas

Parece que ocurrió hace una eternidad y pocos son ya los que recuerdan que hay alrededor de un 60% de la plantilla de la Policía Local sometida a investigación por un juzgado de Lugo por la supuesta anulación de denuncias de tráfico. Pero el asunto, que comenzó en 2009, sigue vivo, muy vivo, y no dormido del todo en los juzgados. De hecho, un auto de junio del año pasado declaró «compleja» la causa, para poder ampliar, de acuerdo con la aún reciente reforma legal, 18 meses más su instrucción, con posibilidades de una prórroga máxima de 18 meses. Y todo ello después de un intento de pasarse la pelota entre los juzgados de instrucción número 3, que lo inició, y el 2. Algunos de los agentes implicados reconocen sentirse perplejos ante el estado de esta cuestión.

La Policía Local de Lugo tiene en la actualidad 125 miembros. Pues unos 70 de ellos se ven afectados por este caso, que comenzó a ser investigado a raíz de una declaración de quien era su director general. Después de permanecer aparentemente dormido durante largo tiempo, y después de que prestasen declaración numerosos agentes en calidad de imputados, el juzgado número 3 trató de enviar a reparto el asunto. En agosto del 2015 una providencia del juez Sergio Orduña se envía al decanato para que proceda a reparto. Y llega así el asunto al juzgado número 2, en el que la jueza Sandra Piñeiro Vilas decide «devolver as presentes actuacións ao xulgado de Instrución número 3 de Lugo, rexeitando o reparto efectuado extemporaneamente a favor deste xulgado, con remisión das actuacións (...)».

En septiembre de 2015 fue comunicada la resolución a las partes. El abogado coruñés Jorge Vázquez Vila, que representa a más de treinta agentes, acogiéndose a la alusión que se hace en la citada providencia del juzgado número 3 a un informe del fiscal, solicitó el sobreseimiento y archivo.

Lo más próximo

El paso más reciente dado en este asunto se dio en junio del año pasado, del 2016: el juzgado número 3 dictó un auto por el que, a solicitud del fiscal, «se declara compleja la causa, que, en consecuencia, deberá ser instruida en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley 41/2015, de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (...)».

En el mismo auto, según confirmó el abogado José Luis Fiuza, que representa a un grupo de agentes, se aclara que el plazo de 18 meses se podrá prorrogar por el instructor «a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes».

La solicitud de prórroga podrá efectuarse tres días antes de que termine el plazo máximo.

Condiciones para ser «investigación compleja»

Una investigación judicial se puede declarar compleja cuando afecta a organizaciones o grupos, tiene por objeto numerosos hechos punibles, involucra a gran cantidad de investigados o víctimas y exige la realización de periciales o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis. También que precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas.

Duda razonable

Agentes imputados que tienen que realizar su trabajo en la calle, que incluye la denuncia de infracciones de distinto tipo. Es síntoma de buen funcionamiento del sistema que se abran en el campo judicial cuantas investigaciones se consideren necesarias, afecten a quien afecten, y sea en el número que sea. Pero cuando los asuntos se empantanan como este que afecta a la Policía Local cabe dudar seriamente del buen funcionamiento del sistema.

Un asunto que arrancó en el 2009 y que afecta a más de 70 miembros del cuerpo policial

En 2009 la tensión en la Policía Local con el gobierno municipal era muy grande, en gran parte como consecuencia de la gestión que de este cuerpo hizo el director general, un abogado. En el marco de esa tensión, el citado responsable efectuó una declaración que dio pie al inicio de la investigación judicial sobre la presunta anulación irregular de denuncias de tráfico. En el marco de esa investigación fueron citados a declarar numerosos agentes en un caso de presunto tráfico de influencias. De hecho en el auto en el que la investigación se declara compleja se cita a algo más de 70 miembros del cuerpo.

A lo largo de las numerosas declaraciones en sede judicial, la titular del juzgado se interesó por lo que se denominaban alegaciones verbales, en síntesis, las que exponían los conductores de los vehículos cuando al volver a su vehículo se encontraban la denuncia y explicaban al agente por qué habían tenido, por ejemplo, que parar donde estaba prohibido.

---

---

---