El juicio a los miembros de «Lugo cara ao Miño», aplazado por falta de dos policías
LUGO CIUDAD
Los tres encausados por obstruir las obras del río volverán al banquillo el tres de febrero
21 ene 2017 . Actualizado a las 23:21 h.La de ayer fue una mañana un tanto especial en el edificio de los juzgados. El simulacro de evacuación realizado poco después de las 10.00 horas afectó al ritmo el trabajo, agravado por algunos fallos en el sistema informático. Por todo ello, la previsiones de juicios se vieron alteradas en cuanto a los horarios. Una de las vistas cuyo inicio se demoró largamente fue en la que comparecieron como acusados por presunto delito de coacciones José Luis Losada, Miguel Ángel Revaldería y Dolores Torrealba. La denunciante fue la empresa Inca, que es la adjudicataria de la explotación de la antigua fábrica de la luz. Los hechos que dieron lugar a la denuncia de los tres miembros de la plataforma Lugo de Cara ao Miño se enmarcan en las protestas contra las obras de la ataguía necesaria para la puesta en valor y explotación de la antigua fábrica de la luz.
La abogada de los denunciados mostró especial interés en que declarasen dos agentes de la Policía Autonómica que estuvieron a pie de obra durante horas. Aunque estaban citados, no comparecieron. Dado que la letrada consideró imprescindible su declaración, el juez acordó aplazar la vista hasta el 3 de febrero. Estaban citados dos agentes de la Guardia Civil, de los que uno estaba de baja y no pudo acudir.
La cúpula de la Hidrográfica, denunciada por prevaricación administrativa
A finales del pasado mes de diciembre, la empresa Inca presentó una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra la cúpula de la Confederación Hidrográfica Miño Sil y contra el propio organismo de cuenca, en relación con las obras para la antigua fábrica de la luz de Lugo. En concreto se querella contra Francisco Marín Muñoz, presidente de la CHMS; Xoán Novoa Rodríguez, comisario de Aguas de la CHMS; Iván Quintana Martínez, jefe del servicio de Gestión de Usuarios y Apoyo Administrativo. Fue presentada en Ourense, dado que, según se aclara en la propia denuncia, en los casos de prevaricación el lugar de comisión del hecho delictivo se corresponde con el lugar de emisión de la resolución administrativa que da pie a la querella.
Los motivos generales de la denuncia se resumen con claridad en lo que el letrado denomina como «Relación circunstanciada de hechos», si bien posteriormente se analizan pormenorizadamente. Señala que el comportamiento mostrado «de forma contumaz y sistemática» por la Confederación Hidrográfica «refleja una voluntad torticera y manifiestamente arbitraria, contraria frontalmente a los criterios de eficacia y objetividad con que debe actuar la Administración pública».
En la denuncia, se indica que «el cúmulo de infracciones sustantivas y procedimentales» que ve en este asunto «solo se pueden explicar desde la innegable intención de impedir mediante una pasividad omisiva de todo punto inadmisible la aplicación de las normas administrativas que correspondían, y con ello la ejecución de las obras objeto de su actuación».
Obras aprobadas
En la denuncia, se asegura que se han obstaculizado unas obras «aprobadas por quien ostentaba plena competencia». Aprecia «(...) una arbitrariedad esperpéntica, una desmesura patente, constitutiva de una auténtica desviación de poder». En el mismo documento se apunta el convencimiento de que se ha dado prevalencia a los intereses de la asociación ecologista Adega «sobre los generales de los ciudadanos que se verían beneficiados por la realización y materialización de la obra objeto de autos».
En la querella se incluye una amplia y detallada relación de los distintos momentos en la gestión de las obras y de las relaciones y decisiones de la Confederación y de la propia Xunta de Galicia. Entre ellos se detalla cómo se perdieron días de trabajo mientras la empresa tenía que esperar decisiones como la ampliación del plazo de estiaje. También se detallan cómo Inca trató de dar cumplimiento a los distintos requerimientos en cuanto a distintos aspectos técnicos, como las escalas para peces. En estos días, la empresa concluye una ampliación de la investigación que llevó a cabo en su día sobre el mejillón de río y los nenúfares.
Inca entiende que la CHMS actuó con «voluntad torticera y manifiestamente arbitraria»
La empresa cree que no han primado los intereses generales de los ciudadanos
El juez recordó la opción de llegar a un acuerdo, pero no tuvo éxito
El juez, a la vista de que se hacía inevitable el aplazamiento, intentó la vía del acuerdo, que incentiva la propia ley. Recordó que esa posibilidad existía: pero la opción de la conciliación no fue considerada por los interesados.
La nueva fecha del juicio se fijó tras consultar a los acusados. Alguno de ellos tiene pendiente un desplazamiento a Hospitalet.
Tanto los más directamente interesados como quienes pretendían seguir el juicio en la sala tuvieron que aguantar una larga espera. El propio juez, sin tener responsabilidad en la demora, pidió disculpas y recordó que hubo un simulacro de desalojo y algunas dificultades técnicas que provocaron el retraso.
Entre los que acudieron a expresar su solidaridad con los acusados estuvo la exconcejala nacionalista Branca Rodríguez Pazos, que pasó por una situación similar al hilo de la construcción de la gran área comercial de As Saamasas.
Movimiento en la calle
La explanada delantera del edificio de los juzgados estuvo muy concurrida durante gran parte de la mañana de ayer. Poco después de las diez, por el personal y los vehículos de los servicios de emergencias, que participaron en un simulacro. Pasadas las doce de la mañana por la concentración de la plataforma Lugo de Cara ao Miño. Muchos de los asistentes portaban cartelitos con el texto «Eu tamén estiven alí», en solidaridad con los tres acusados.
Concentración de Lugo Cara ao Miño de apoyo a los acusados
Poco antes de la hora a la que estaba fijado en la mañana de ayer el inicio del juicio a los tres ecologistas, hubo una concentración de apoyo ante la sede de los juzgados, presidida por una pancarta con el lema «Non máis agresións ao Miño», de la plataforma Lugo Cara ao Miño. Cuando los tres acusados entraron en el edificio, los asistentes a la concentración les dedicaron una salva de aplausos.