Denuncian en Fiscalía la reforma del puente romano del 2012 por si se hizo sin permisos

La empresa concesionaria de las obras de la Fábrica da Luz presentó una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia porque considera que las obras de rehabilitación del puente romano en 2012 se realizaron vulnerando gravemente la ley. La fiscalía del TSXG entendió que los hechos podrían ser constitutivos de delito y no lo archivó sino que le dio traslado a la Fiscalía de Lugo para que investigue la realización de dichas obras, cuyos hechos aún no prescribieron.

Inca, la empresa concesionaria de la Fábrica da Luz, explica que a la vista de que la Confederación Hidrográfica del Miño Sil paralizó en varias ocasiones su obra a instancia del colectivo Lugo cara o Miño y Adega, pretende que se investigue también la reforma del puente romano para ver si existe una doble vara de medir. Consideran que la obra de la Fábrica da Luz se hace cumpliendo la ley mientras que en el puente romano se cometieron hechos como los que se ven en las fotos. Las imágenes están incorporadas a la denuncia presentada en la Fiscalía.

En esa denuncia se explica que las ataguías o represas que se ven en las imágenes para dejar en seco los pilares del puente romano se hicieron con grandes sacos rellenos de tierra. Y sobre esas filas de grandes sacos se extendió tierra y jabre, que estuvieron en contacto con el agua y enturbiaron el cauce, tal como se ve en las fotos.

En invierno, con gran caudal

La denuncia explica igualmente que las obras empezaron el 7 de julio de 2012 y se prolongaron durante todo el otoño y el invierno, hasta el 28 de febrero de 2013. «Se realizaron en época que ya no era de estiaje del río Miño, que es, según la Confederación, cuando el caudal baja de 6,77 metros cúbicos por segundo». Y aporta a la denuncia documentos en los que la Hidrográfica le exigió a Inca esa cifra para empezar la obra en As Saamasas. «La hidrográfica consintió la realización de unas obras en pleno cauce del Miño en un tramo con el mismo nivel de protección que el de la Fábrica da Luz, en época de no estiaje y no fijó ninguna cifra mínima de caudal».

La denuncia pide literalmente a la Fiscalía que reclame «el expediente administrativo a la Confederación Hidrográfica Miño Sil y a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, ya que esta parte tiene indicios razonables de que se realizó (la obra) sin el estudio ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente y también sin los informes preceptivos de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia».

Adega y la Confederación

Dice además la denuncia que «la promotora de esta obra fue la concejalía de infraestructuras del Ayuntamiento de Lugo, cuya concejala era doña Paz Abraira, que es miembro de Adega». Y da suficientes datos para que se investigue también por la vía penal la actuación de la Hidrográfica y de sus dirigentes, además de los funcionarios de la Xunta, que son básicamente los mismos que supervisan ahora la obra de la Fábrica da Luz. Cita también la responsabilidad de los colectivos ecologistas que deberían haber formulado alegaciones o denunciar las obras si no las consideraban ajustadas.

El escrito dice literalmente que «desde el punto de vista de la flora y la fauna puede afirmarse que una obra de la envergadura del puente romano en zona LIC Parga Támoga y reserva de la biosfera ha ocasionado un grave perjuicio del equilibrio de los sistemas naturales si no se adoptaron las medidas de protección ambiental adecuadas (estudio de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental), y realización en época de estiaje; lo cual sería claramente susceptible de un delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del código penal».

La denuncia, de una extensión de ocho páginas, al margen de documentos anexos como las fotografías, recoge sentencias y jurisprudencia de casos similares en que los actores fueron condenados. Además en este caso, si se hizo la obra sin la declaración de impacto ambiental, salpicaría a la Hidrográfica y la Xunta.

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