Caamaño abrió un curso de la Uned con una conferencia sobre responsabilidad penal de las empresas
LUGO CIUDAD
El que fuera ministro de justicia del último gobierno socialista, el jurista coruñés Francisco Caamaño, fue el ponente que abrió ayer un curso de la Uned en Lugo sobre derecho penal y criminología. En una brillante y amena conferencia, Caamaño explicó que tras la última reforma del código penal del año pasado, las personas jurídicas, es decir, las empresas, pueden responder de numerosos delitos penales ante los tribunales de justicia. No solo los miembros del consejo de administración o los empleados o altos cargos pueden ser responsables de delitos, sino que la propia sociedad puede ser juzgada y condenada. De los 400 delitos del Código Penal español, 26 pueden ser aplicados a las personas jurídicas o sociedades. Y son de cuatro tipos: informáticos o de seguridad; los derivados del derecho administrativo como los ecológicos o de salud pública; los delitos económicos como el blanqueo de capitales; o los derivados del comercio, como el tráfico de drogas o la trata.
Una de las penas más graves para las empresas es la propia disolución o «muerte» de la firma, argumentó Caamaño para explicar la trascendencia para los empresarios. Pero también hay condenas a la suspensión temporal de actividad, las multas, o incluso la intervención de la empresa por un administrador nombrado por el juzgado.
Para evitar que la empresa incurra en delitos penales por negligencia, cada sociedad debería tener su código de conducta y un manual de prevención en el que se detallen los procedimientos y los riesgos y la forma de abordarlos. De esta manera, explicó el ex ministro, en el caso de que ocurra un hecho penal, la empresa podrá al menos intentar convencer al juez que ha dado los pasos para que esas cosas no ocurran.
No es lo mismo, ejemplificó, que una sociedad de comercio internacional sea acusada de blanquear dinero por relacionarse con un cliente peligroso si se cumplió en la empresa un protocolo de control que si no existe.
De cara al futuro, Caamaño explicó que tiene que crecer la concienciación en las empresas de su responsabilidad, y de que nadie se puede escudar ahora detrás de una firma para delinquir. Y en cuanto a los legisladores, explicó que habrá que seguir avanzando hasta que las empresas públicas también puedan tener responsabilidad penal.