Una pareja consiguió un sello de la Subdelegación del Gobierno para engañar a la Xunta
LUGO CIUDAD
Pretendía obtener ayudas para el fomento del empleo autónomo
29 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.No se sabe cómo, pero una pareja lucense consiguió un sello de la Subdelegación del Gobierno para estamparlo en documentos destinados a la consecución de ayudas de la Xunta para la promoción del empleo autónomo. Los implicados fueron acusados por el fiscal de un delito de falsedad de documento público oficial y ayer aceptaron una pena de cuatro meses de prisión en los prolegómenos del juicio convocado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo.
Los condenados son N. G. P y C. P. P. Cada uno de ellos tramitó ante la jefatura territorial de la Consellería de Traballo de la delegación de la Xunta de Lugo, una solicitud de ayuda para la promoción del empleo autónomo. Desde dicho departamento les requirieron para la acreditación de los locales en los que tenían pensado desarrollar la actividad empresarial. El 27 de septiembre de 2011 aportaron escritos conteniendo instancias de solicitud de licencia de obra menor y de actividades dirigidas a los Ayuntamientos de Barreiros y Oureiro de Rei, respectivamente. Cada uno de los acusados presentó una solicitud diferente.
Según el fiscal, cada uno de los acusados sabía perfectamente que lo que aportaban no se correspondía con la realidad. Los dos acusados incorporaron un sello de entrada correspondiente a la Subdelegación del Gobierno con fechas de los meses de julio y septiembre del año 2011.
Los documentos en cuestión no presentaban ningún número de entrada. La investigación llevada a cabo reveló que en ningún momento los documentos fueron presentados ante la el organismo que tiene su sede en la plaza de Armañá, en Lugo.
La acusación entiende que lo realizado por los acusados fue un delito de falsedad. En su escrito inicial planteaba penas de un año y medio de cárcel y al pago de una multa por un importe ligeramente superior a los 3.000 euros.
Ayer, antes de iniciarse el juicio, la fiscala se avino a rebajar notoriamente la pena. Finalmente planteó cuatro meses de prisión que aceptaron los acusados. Esta pena podrán cambiarla por el pago de una multa consistente en el pago de 1.440 euros.
El fiscal asegura que A. D. J., que ayer se sentó en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, maltrató a su mujer durante los veinte años de matrimonio, en concreto hasta el mes de septiembre del año 2011 en que fue denunciado. Ahora se enfrenta a una petición de condena de tres años y nueve meses de prisión.
De acuerdo con lo expuesto por la acusación pública, el acusado mantuvo una actitud violenta y agresiva continuada con la víctima. Supuestamente la sometió a insultos, amenazas, empujones, agarrotes, golpes, vejaciones y menosprecios de forma continuada. Estos episodios ocurrirían en el domicilio familiar donde el clima de convivencia era violento «e intranquilidad doméstica difícil de soportar».
En fecha no determinada del año 2006, el acusado le propinaría una paliza a su mujer a la que primero le daría un puñetazo en la boca. Debido a la acometida, le partió el labio. Seguidamente la tiró al suelo y le dio patadas. La mujer acudió al médico por estos hechos, pero no denunció a su marido.
El último episodio al que hace referencia el Ministerio Público ocurrió el 24 de septiembre del año 2011. En esa jornada ella le reclamó la entrega del vehículo común que él se había llevado y, ante la advertencia de denunciarlo si no se lo devolvía el le advirtió: «Se me denuncias, arráncoche a cabeza e mátote».
Al día siguiente de este incidente fue dictada una orden de protección de la víctima, impidiendo al acusado la prohibición de aproximarse a ella a una distancia inferior de 200 metros así como de comunicarse por cualquier medio,.
El fiscal calificó los hechos como tres delitos: dos de malos tratos habituales, por los que reclama dos años y nueve meses de prisión u uno de amenazas, por el que plantea un año de cárcel. Además, solicita que el implicado no se acerque a la víctima durante algo más de seis años, ni mantenga comunicación alguna.