El juez de apoyo de Pilar de Lara archivó la denuncia del cabo
19 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número uno archivó la denuncia presentada por el cabo de la Policía Local, Benito Martínez, contra el ex alcalde de Lugo, José López Orozco y contra el ex concejal de Tráfico, José Rábade y el director de la policía, Darío Diéguez. En un único fundamento de derecho, el juez considera que de las diligencias practicadas no se puede apreciar «de manera indiciaria, más allá de las conjeturas y sospechas expuestas por el denunciante en el escrito de denuncia, que los tres imputados y los restantes denunciados se hubiesen concertado para aprovechándose de la relación laboral existente con el Sr. Martínez Muinelo, policía local de Lugo, someterlo a una actitud hostil y humillante que pueda constituir un trato degradante».
El auto que archiva provisionalmente las actuaciones pone fin a siete años de confrontación en los juzgados entre el ex alcalde de Lugo y el cabo Benito, representante sindical en la Policía Local por el sindicato CSI-CSIF. Para el primero supusieron una de las imputaciones que lo obligaron a dejar el gobierno municipal.
Conflicto laboral
Según el auto, de la investigación se desprende que se trata de una situación derivada de un conflicto laboral-sindical.. Hace referencia a los dos expedientes disciplinarios abiertos por el Concello de Lugo al cabo Benito y recoge que es una «de las facultades atribuidas a los ayuntamientos por la legislación vigente». También alude a que el gobierno, que presidía José López Orozco, remitió los hechos de uno de los expedientes a la Fiscalía por si de ellos se podían derivar responsabilidades penales y que supusieron la imputación del propio Benito Muinelo y la apertura de una investigación. El auto recoge que estas actuaciones permiten apreciar que el traslado al ministerio público y la tramitación de un procedimiento penal «descarta un comportamiento delictivo en la decisión del Ayuntamiento de remitir los hechos a la Fiscalía». Su envío, según el auto, «podía ser lógico y razonable y no como pretende el denunciante, un acto con intención de humillarle y perseguirle».
El auto hace referencia a que la tramitación de los expedientes disciplinarios se realizó «con las debidas garantías». Según señala, Orozco solicitó un informe a la asesoría para saber si era posible incrementar la sanción de un año a tres años, lo que se llevó a cabo al ser favorable. La decisión estaba sustentada en que las declaraciones efectuadas a un medio local por Martínez suponían «la vulneración de las reglas básicas del servicio policial, la seguridad pública, creando un riesgo para las personas y bienes».
El auto, dictado por el juez de apoyo de Pilar de Lara, no aprecia indicios de delito en la decisión adoptada, pese a una de los fallos del Contencioso. «El hecho de que se revoquen las decisiones adoptadas en el expediente disciplinario no supone, ni mucho menos, que en este se haya incurrido en delito»