La jueza recoge en un auto que la insolvencia «es más que evidente»
02 abr 2015 . Actualizado a las 22:51 h.El Juzgado Mercantil declaró en concurso de acreedores necesario a Proalsa, la propietaria del Gran Hotel de Lugo. La sociedad, a cuya administradora le fueron retiradas las facultades de gestión y de disposición de patrimonio, tendrá que entregar las cuentas y la documentación en el plazo de diez días. Estas funciones pasará a desempeñarlas el economista Manuel Morera, designado administrador concursal por el Mercantil. Está pendiente de aceptar el cargo. El concurso fue instado por nueve ex trabajadores y un empleado en activo.
La jueza sustituta Susana Vázquez Mariño, en el auto en el que declara Proalsa en concurso, no admite los argumentos aportados por el letrado de la familia Martínez Núñez, accionistas mayoritarios de la sociedad, en los que justificaban su oposición al concurso. Considera que no está «ni mucho menos acreditado» que la sociedad «se encuentre en una situación financiera tal que le permita cumplir regularmente el pago de sus obligaciones exigibles». «Al contrario -añade el auto- de la prueba practicada se desprende la difícil situación económica y financiera que atraviesa, de ahí que no pueda cumplir regularmente el pago de sus obligaciones exigibles» y añade que la situación de insolvencia «es más que evidente».
El auto recoge que la solicitud de aplazamiento de la deuda contraída con trabajadores y ex trabajador ante los juzgados de lo social «constituye un hecho indiciario de una delicada situación económica por falta de liquidez o problemas importantes de tesorería y evidencia la imposibilidad de cumplir con las obligaciones respectivas en el momento de su vencimiento, siendo este incumplimiento un hecho revelador de la insolvencia».
La jueza rechaza uno de los argumentos en los que fundamentó la familia Martínez su oposición al concurso: la existencia de patrimonio inmobiliario -los edificios de los hoteles de Lugo y Ourense- suficiente para atender a sus obligaciones. «Tal alegación -señala en referencia a Lugo- no puede ser tenida en cuenta, toda vez que dicho inmueble se encuentra afecto a dos ejecuciones hipotecarias en las que ya se ha expedido certificación de cargas, además de existir sobre el mismo numerosas anotaciones de embargo, por lo que no es un bien libre para atender a los acreedores, sin perjuicio de su difícil realización en el entorno de crisis en el que nos desenvolvemos». Sobre el hotel de Ourense, que fue incorporado en la vista por el representante de la familia Martínez, reconoce que se desconoce la existencia de las cargas que puede estar soportando porque no aportaron los comprobantes registrales.
Bueno para los trabajadores
El auto recoge además que la situación no se corresponde con «una simple demora en los pagos o ante impagos puntuales, sino ante un impago y demora de pago que se prolonga en el tiempo, duradero, sin que del resultado de las últimas cuentas anuales depositadas se desprenda que la situación económica y financiera vaya a mejorar ni que se generen ingresos suficientes para poder pagar a todos los acreedores públicos, laborales y financieros».
La jueza discrepa con de que el concurso perjudique a la plantilla «por conducir a la destrucción del negocio». «Por el contrario -dice- se estima que cuando todas las fórmulas de financiación han fracasado, el concurso es justamente la solución más idónea para garantizar la viabilidad».
El inmueble no es un bien libre y sobre él pesan dos ejecuciones hipotecarias