Condenados a seis meses de cárcel por falsificar 62 tarjetas de transporte
LUGO CIUDAD
La condena coincide con la solicitud de pena formulada por el fiscal
26 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.
Seis meses de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de 12 euros fue la condena impuesta por el Juzgado Penal número 1, a dos de los tres acusados por falsificar tarjetas de transporte entre febrero del año 2000 y junio del año 2002. Los condenados, con la pena que pidió el fiscal, rebajada de los tres años de cárcel iniciales que demandaba, por dilación indebida del procedimiento, son José Antonio Fernández Uz, empleado de una gestoría y Eduardo Gallardo Rodríguez, empresario del sector. Quedó absuelto en este procedimiento Manuel Antonio Lage Hortas. La acusación en este caso la ejerció la Federación Gallega de Transporte, que se mostró insatisfecha con el fallo.
La sentencia considera probado que José Antonio Fernández Uz, empleado de una gestoría próxima a la estación de autobuses de Lugo, en la que estaba encargado de tramitar las tarjetas de transporte, modificó las fotocopias de los permisos de circulación y las tarjetas de inspección técnica de determinados vehículos. Las presentaba como copias auténticas ante la Dirección Xeral de Transporte. En ellas sustituía la fecha de la primera matriculación del vehículo que figuraba en la documentación por otra más reciente. De esa forma los vehículos, la mayoría comprados en el extranjero, figuraban con una antigüedad inferior a dos o seis años, según pretendieran obtener un tarjeta nacional o local.
Según la sentencia, el gestor se aprovechó de las facultades que tenía conferidas para realizar el cotejo de copias de la documentación, usó el sello de la gestoría y firmó en representación de su titular.
En la relación de hechos probados figura que el trabajador de la gestoría fue despedido en junio del 2002. Desde entonces y hasta julio del 2003 siguió realizando esa misma práctica desde otra gestoría. Esta era la de Manuel Antonio Lage Hortas, también acusado y que, según la sentencia, no consta que fuera consciente de las prácticas de Fernández Uz.
Precio superior en el mercado
La jueza considera probado que Fernández Uz realizaba estas prácticas a cambio de una contraprestación económica de empresarios individuales y de administradores de sociedades dedicadas a la importación de vehículos pesados y su posterior venta. El precio en el mercado era superior dado que los vehículos disponían de autorización de transporte. Entre estos empresarios, según la sentencia, figuraba Eduardo Gallardo Rodríguez, administrador único de Trust Gallardo. Según la sentencia, ambos actuaron en connivencia para conseguir las tarjetas y para obtener beneficios por su venta.
El fallo relaciona 62 vehículos a los que les falsificaron la documentación por este sistema y otros seis casos en los que no considera que esté acreditada debidamente la participación de los acusados.