La Diputación de Lugo es la que más demora tiene de España en el pago de sus facturas

La Voz LUGO / LA VOZ

COSPEITO

óscar cela

Los proveedores reciben su dinero con 45 días de media, cuando la ley marca un máximo de 30

29 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Todas las administraciones públicas en España tienen la obligación por ley de 30 días para pagar las facturas a sus proveedores y los préstamos de los servicios que contrataron. Los ayuntamientos, por lo general, son los más morosos en esta cuestión, pero a nivel de las diputaciones españolas, la de Lugo es con diferencia la que peores resultados arroja, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Administraciones Públicas, de los meses de octubre y noviembre del 2016.

El pago medio de la Diputación de Lugo en octubre fue de 94,8 días, tres veces más de lo que permite la ley. Mientras que en noviembre, mejoró algo el pago a las empresas, hasta bajar a los 45,50 días, pero aun así se trata de una cifra muy alejada de la gran mayoría de las diputaciones españolas y gallegas. Buena parte de estas administraciones provinciales pagan sus facturas a los proveedores y bancos antes de cumplir los 30 días establecidos (A Coruña o Pontevedra son un ejemplo). Además de Lugo, solo hay dos diputaciones que exceden de los treinta días, Valencia (33,36) y Cádiz (30,68), y aun así Lugo los supera con creces con 45 días.

El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de una entidad local y provincial depende de la interventora, así como la contabilidad, tesorería y recaudación. En el caso de la Diputación de Lugo esa función la ejerce desde el año 2008 Rosa Abelleira, que entró mandando con José Ramón Gómez Besteiro y siguió con Elena Candia en su breve espacio de presidenta y ahora está con el socialista Darío Campos como presidente.

Hay concellos en la provincia con una gestión administrativa de las facturas bastante mejorable, como el caso de Cospeito, con 243 días de media, pero la Diputación es más relevante por el volumen de dinero que adeuda a las empresas. Y es que en noviembre, el importe que adeudaba el organismo provincial supera los 3,6 millones de euros, con una ratio de operaciones pendientes de 63,24 (número de días pendientes de pago por el importe de la operación pendiente de pago, dividido por el importe total de pagos pendientes). Esta ratio supone la cifra más alta de todas las diputaciones de España. La siguiente la tiene la Diputación de Toledo, con 57,30. Peores datos fueron en octubre, cuando la Diputación de Lugo adeudaba más de 10,7 millones de euros y su ratio de operaciones pendientes de pago alcanzaba el 116,8.

Como comparación entre administraciones, que la Diputación de Lugo esté a la zaga de España contrasta con los datos de la Xunta de Galicia, que en su balance de septiembre paga las facturas en 19 días.

Que la Diputación de Lugo guarde en sus cajones las facturas sin pagar, además de las molestias a las empresas a las que se les adeuda, puede recibir alguna carta del Gobierno recordándole sus obligaciones. Aquellas administraciones que superen la normativa de morosidad durante varios meses seguidos, el Ministerio de Hacienda podría llegar a retener sus participaciones en los ingresos del Estado, que cada mes se derivan a sus arcas municipales o provinciales.

Estos datos negativos que afectan a la Intervención de San Marcos y al propio gobierno provincial llegan en un contexto de negociación abierta para conseguir que la Diputación tenga los presupuestos del 2017 cuanto antes. El presidente provincial, Darío Campos, afirmaba esta semana que en febrero el organismo tendrá «si ou si» un presupuesto. Para ello, el gobierno socialista recibe el apoyo del PP o necesita a los dos diputados del BNG y al diputado no adscrito, Manuel Martínez.