Aseguran en la vista que el actual regidor fue denunciado por un expediente de 2011
16 jun 2016 . Actualizado a las 18:31 h.El polémico edificio Marbella, situado en una de las entradas de Castro Ribeiras de Lea, objeto de seguimiento en la operación Rei, salpica ahora al actual alcalde, Francisco Javier Balado (PP). Según se puso de manifiesto ayer en la segunda sesión de la vista, un juzgado de lo contencioso planteó una investigación relacionada con un expediente para corregir las irregularidades en el año 2011 que acabó caducando. El caso, según uno de los testigos que declaró en la Audiencia y que dijo que se persona como acusación, está en un juzgado de instrucción de Lugo.
Ese inmueble es una de las lanzas, tanto del fiscal como de la acusación particular, contra al exalcalde, Juan José Díaz Valiño y también a la secretaria municipal. De hecho, fueron llamados a declarar como testigos, el constructor, el arquitecto (condenado en relación con lo ocurrido con este inmueble), el aparejador y también un vecino que, en su momento, compró dos pisos y que fue quien presentó la denuncia.
El Marbella (bautizado así en referencia a las irregularidades que hace años se cometían en esta localidad malagueña), que arrancó en la época del alcalde del PP, Arturo Pereiro, acabó con una altura más de las permitidas y, según dijo uno de los policías que participó en la investigación, trataron de hacer un plan general de ordenación urbana en el municipio a la carta para tapar las supuestas irregularidades.
El fiscal sostiene que, en enero de 2007, el promotor que se encargó de la construcción pidió licencia de primera ocupación, aportando un certificado final de un arquitecto técnico que acabó acusado de falsedad en otro procedimiento. Resulta que el inmueble fue levantado sin cumplir la licencia pedida en abril de 2005. Según el fiscal y la acusación particular, se hizo una planta más, a sabiendas del exalcalde y la secretaria municipal.
En abril de 2007 apareció en escena un vecino que denunció ante urbanismo de la Xunta lo ocurrido y pidió que actuaran. Presentó también en el consistorio numerosas quejas y peticiones para reponer la legalidad urbanística. A mayores, la Xunta reclamó información al Concello, pero no se la dio, según el fiscal.
El Ministerio Público dice que el exalcalde y la secretaria evitaron incoar con diligencia el expediente para resolver las reclamaciones del vecino. Lo retrasaron maliciosamente, dice. La primera petición del afectado fue el 21 de junio de 2007 y los acusados abrieron el trámite el 25 de mayo de 2009 «con el fin de evitar que los servicios de urbanismo de la Xunta iniciaran un expediente sancionador contra los acusados». Después trataron de hacerlo «lo más lentamente posible y dejaron transcurrir el tiempo sin dictar resolución alguna hasta que el 30 de mayo de 2011 decretaron su caducidad».
El promotor de la obra, en su declaración de ayer, comenzó advirtiendo al fiscal que no conocía ningún edificio llamado Marbella; en todo caso, dijo, el inmueble que está en los números 106-108 de la avenida Terra Chá. «Nos atuvimos a la licencia y construimos lo que nos permitía la normativa», advirtió. Lo único que pasó, dijo, fue que hubo «un pequeño problema» por una denuncia. Pero el edificio, cumple, recordó. «Si incumple algo, fue por el desnivel del terreno», advirtió. El promotor dijo que desconocía que fuera condenado el arquitecto de la obra y explicó que no le hacía falta la licencia de primera ocupación. La justicia dictó que había que tirar la planta construida de más, pero el promotor advirtió que eso estaba recurrido.
El aparejador manifestó que ejecutó la obra según los plazos que le habían establecido y que no se ocupó de los trámites urbanísticos. El arquitecto explicó que el exalcalde le transmitió que abriría expediente, pero no le dijo que se iba a retrasar.