La Diputación investigará las supuestas irregularidades en el Pacto polo Emprego

Las mociones, dos de ellas presentadas por el PP, -una para modificar la ordenanza de gestión y recaudación para evitar desahucios y otra sobre la creación de una comisión para investigar presuntas irregularidades en los cursos impartido al amparo del Pacto Provincial polo Emprego- centraron el debate político del pleno de la Diputación de ayer, en el que el grupo de gobierno tiene las manos atadas por la oposición, que está en disposición de echarle abajo todas las iniciativas. La primera no salió adelante al votar en contra BNG y PSOE, que calificaron la propuesta de «irregular, de oposición y populista».

La segunda relativa a las presuntas irregularidades en el Plan Provincial polo Emprego, finalmente fue aprobada por unanimidad al aceptar el PP una enmienda de sustitución a propuesta de BNG y PSOE. Supuso que en lugar de crear la comisión que reclamaban los populares, se instara a la presidenta, a que solicite de los servicios correspondientes «tantos informes como sexan necesarios para velar con contundencia polos intereses da Deputación de Lugo, dos traballadores e dos alumnos».

Pablo Rivera, del PSOE, defendió que el anterior gobierno había ejecutado el pacto «con total transparencia e legalidade, realizando periódicamente auditorías por parte de Intervención General del Estado, que dijo, siempre habían superado con nota.

Ejemplo de la administración

Ferreiro, del BNG, mostró su satisfacción porque este asunto llegara al pleno. Apoyo al PSOE en el sentido de que existen mecanismos internos para llegar al fondo del asunto, sin crear una comisión. Según dijo, en caso de que se quede sin aclarar por esta vía, su grupo presentará otra moción en ese sentido. Recordó que en este caso «houbo un intento de incautar parte do salario, que despois da denuncia foi devolto e despedidos quenes denunciaron». Candia intervino para señalar que las administraciones públicas tienen que dar ejemplo y evitar abusos , tal como reivindicó Ferreiro, que dijo que si se confirmaban las sospechas siempre quedaba la vía judicial.

Debate de los desahucios

Juan Armesto, que defendió la modificación de la ordenanza de recaudación, insistió en que se trataba «dun clamor social da xente que está en risco de exclusión social». Propuso instar a la Diputación a ampliar los plazos y a cambiar las garantías en las solicitudes de aplazamiento; a que, en colaboración de los concellos, cuando se compruebe que el afecaros no tiene otros bienes ni medios de pago de la deuda tributaria, no se proceda al embargo de la vivienda habitual.

La respuesta socialista se la brindó Pilar García Porto, que calificó la propuesta de «pouco traballada». Insistió en que la Diputación no desahucia, sino que comunica los embargos y reiteró en que no tenía conocimiento de que se hubiera producido ni uno solo. Según dijo, el deber del PP en este caso era presentar la ordenanza modificada a pleno para su aprobación.

El BNG calificó la iniciativa de «politico-mediática» y acusó al PP de haberse alineado con los banqueros, en contra de los preferentistas.

En otra de las mociones, en este caso del grupo socialista, la presidenta de la Diputación hizo uso del voto de calidad. Se trataba de exigir al Gobierno de España un nuevo reparto de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en beneficio de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Estas medidas estaban encaminadas a fortalecer el estado de bienestar. Después de un amplio debate procedieron a la votación. Nadie se había dado cuenta hasta que se percató al veterano alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, de que no salían las cuentas, por lo que había que repetir la votación. Faltaban en la sala en ese momento el alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández, que se acababa de ausentar por asuntos personales y justo acababa de entrar el alcalde de Castro, con lo que hubo un empate. El PP aprovechó esa circunstancia para oponerse a la iniciativa del PSOE.

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