Aplica una ordenanza para que a nadie le subasten los bienes por el pago de impuestos
25 may 2017 . Actualizado a las 10:24 h.La nueva ordenanza de recaudación de la Diputación Provincial, que acaba de entrar en vigor, contempla medidas para evitar la subasta de bienes inmuebles correspondientes a viviendas habituales, granjas, locales comerciales y naves industriales. Serán de aplicación en los 62 ayuntamientos de la provincia que delegaron la recaudación de impuestos en el organismo provincial.
La diputada de Economía, Recadación e Facenda, Mayra García Bermúdez, señaló ayer que el objetivo de esta nueva ordenanza es «defender aos veciños e ofrecerlles facilidades en canto ao pago de impostos que establecen os concellos en cumprimento de leis impostas polo executivo central no Ministerio de Facenda».
Mayra García explicó que la ordenanza supone mejoras no solo para los vecinos, sino también para los ayuntamientos que tienen delegado el servicio de recaudación.
En el caso de los particulares la ordenanza está encaminada, según García, a dos líneas: otorgar facilidades de pago y establecer limitaciones en las subastas de bienes inmuebles, tanto viviendas habituales, como locales comerciales, naves industriales y de actividades agroganaderas.
Limitaciones
Las limitaciones fijadas en las subastas son: No se procederá a la subasta de bienes inmuebles cuando la deuda sea inferior a 3.000 euros. Según la Diputación, en este caso se encuentran 24.000 personas y la deuda supera los 7 millones de euros.
En el caso de deudas de más de 4.000 euros, no habrá subasta cuando existan informes de los servicios sociales de los ayuntamientos «que determinen que as persoas que acumulan estes impagos están nunha situación de precariedade ou exclusión social». Según el organismo provincial, en los 62 ayuntamientos afectados hay 372 personas que se encuentran en esta situación y que adeudan 4,3 millones de euros.
Tampoco habrá subasta en el caso de que se trate de una vivienda habitual o un inmueble en el que se realicen actividades agroganaderas cuando la deuda sea inferior a los 4.000 euros. Fuentes del organismo provincial cifran en 24.000 los afectados en esta modalidad y en 7,6 millones la deuda.
En cuanto a las facilidades de pago la ordenanza establece que se podrá fraccionar el pago del IBI, del IAE y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Las deudas inferiores a 3.000 euros se podrán pagar en 12 meses y las superiores a 3.000, en 24.
Las nuevas normas establecen que las personas que acrediten dificultades económicas podrán solicitar un calendario provisional de pagos.
Otra de las novedades es que no se exigirá aval bancario en las deudas que no superen los 30.000 euros. Hasta ahora el límite estaba establecido en 6.000 euros. La Diputación recuerda también que el aval también tiene gravamen.
Ventajas para los concellos
Mayra García Bermúdez explicó también las ventajas para los 62 ayuntamientos, una vez que entre en vigor la medida. Según dijo, la reducción por la recaudación pasará del 3% al 1%. «Isto supón -añadió- un aforro para os os 62 concellos superior aos 700.000 euros».
La otra ventaja consiste en que la Diputación le adelanta a los ayuntamientos «mes a mes a recadación de impostos anuais». «Isto implica -añadió- unha inxección mensual nas arcas municipais destes 62 concellos por parte do goberno provincial de 3,3 millóns».