Los abogados apuntan a que la jueza no repartió el asunto e hizo mal las escuchas
22 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Abogados de algunos de los integrantes de la presunta banda acusada de traer cocaína, escondida en pesados engranajes, de Bolivia a Lugo denunciaron ayer en la Audiencia fallos de la jueza de la operación, bautizada con el nombre de Pinguin. Intentan evitar el juicio a un total de diez acusados, que se enfrentan a una petición total de 75 años de cárcel. Se trata de unas de las penas más contundentes que la fiscalía de Lugo reclama por tráfico de estupefacientes.
En una vista dedicada a la exposición de cuestiones previas, a la que también asistieron los acusados, varios abogados expusieron que Pilar de Lara, la jueza que llevó la instrucción, no era competente para hacerlo y debería haber enviado el asunto a reparto. El argumento es un calco del empleado con la operación Rei. Estiman los letrados que se vulneró el derecho de los acusados al juez predeterminado.
Contaron los defensores que la operación Pinguin surgió en una investigación relativa a la venta de ropa falsa en un outlet de Lugo. En el transcurso de la misma, aparecieron sospechas de tráfico de cocaína. En ese momento, dicen, la instructora debería enviarlo a reparto, pero no lo hizo. Se lo quedó y siguió investigando, expusieron. «La causa se deriva de otras diligencias, no de las que tenía abiertas la instructora que eran por supuestos delitos contra la propiedad industrial y blanqueo. Eran de cuestiones relacionadas con ropa, no con cocaína», dijeron.
Otro de los letrados puso de manifiesto que la jueza reconoció que se trataba de una banda o grupo organizado y que, por lo tanto, explicó, debería haberse inhibido en favor de la Audiencia Nacional.
Salió a relucir otro asunto habitual en estos casos. La presunta ilegalidad de las escuchas ordenadas por la instructora. En este caso, los letrados dijeron que a todas ellas les falta «el elemento esencial» que es que no tienen establecida la duración. «Son nulas totalmente», apuntó uno de los letrados.
El presunto grupo organizado tenía como principal responsable a D. S. G., para quien el fiscal solicita 12 años de cárcel. Era quien, supuestamente, tomaba las decisiones, establecía los contactos y buscaba financiación. Para eludir la acción policial, el grupo utilizaba correos electrónicos en forma de borrador, claves codificadas, léxico figurado y el envío de la droga oculta en engranajes de hasta doscientos kilos de pesa que llegaban a España embaladas en cajas de madera. Las ruedas dentadas dentro de las que estaba la cocaína solo se podían abrir con una llave especial facilitada por la organización a los destinatarios de la mercancía, según descubrió en su momento la Guardia Civil, que fue la que se ocupó de la investigación.