Condenada a un año y seis meses de cárcel una funcionaria por retirar multas de tráfico

LUGO

Junto a ella se sentaron en el banquillo tres conductores

31 may 2016 . Actualizado a las 23:37 h.

Una funcionaria de Tráfico de Lugo y otras tres personas reconocieron haber retirado multas o haber solicitado su sobreseimiento en un juicio en la Audiencia Provincial de Lugo. La trabajadora pública, condenada a un año y seis meses de cárcel, multa de seis meses, con una cuota de 9 euros diarios e inhabilitación de un año y seis meses para trabajar en departamentos de sanciones de tráfico, estaba acusada de sobreseer irregularmente expedientes sancionadores a personas con las que mantenía una relación de amistad. A los otros cuatro, uno de ellos ya fallecido, les imputaban, en unos casos, solicitar la retirada de las sanciones a cambio de dinero y en otros recibirlo. Según el fiscal, no consta que ningún funcionario haya aceptado esa contraprestación económica.

Estas diligencias se abrieron a raíz de una investigación judicial en la Jefatura Provincial de Tráfico, que se dividió en dos. En la otra, el Supremo acaba de condenar al actual alcalde de Monterroso y al responsable de la jefatura, Julio González, que acudió a la vista, por hechos similares.

La funcionaria de Tráfico M. C. F. T. está acusada de prevaricación y falsedad en documento público. El fiscal le pedía cinco años y seis meses de prisión, además de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La solicitud de condena se completa con una multa de 22 meses con una cuota diaria de 12 euros.

Junto a la funcionaria se sentaron en el banquillo F.P.M., a quien agentes de Tráfico multaron en seis ocasiones entre abril y junio del 2006 por exceso de velocidad y por hablar por el móvil mientras conducía. Todos los expedientes, con sanciones de 90 a 380 euros, fueron anulados supuestamente por la funcionaria. Están también imputados A.L.M., JM.A.Q., y M.E.L., que están acusados de tráfico de influencias en unos casos y de cohecho en otros. Les pedían entre un año y seis meses de prisión y nueve meses y fueron condenados a multas de diferentes importes.