Unións Agrarias alerta de los efectos del incremento del «patrimonio ficticio» en las becas
09 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Lugo es la provincia más avanzada en la revisión del catastro de rústica y de urbana. Pese a ello todavía faltan por actualizar los datos de 30 concellos. Los efectos que tendrá el denominado «catastrazo» en las explotaciones agrarias de la provincia preocupa a Unións Agrarias, que pide que se arbitren medidas urgentes para mitigarlo.
La revisión supondrá que se multiplique por diez la actual recaudación del de rústica, según aseguró ayer el responsable del área rural del sindicato, Jacobo Feijoo, quien insistió en que los actuales 2,8 millones de euros que recaudan actualmente, se multiplicarán por diez, con los consiguientes efectos en un sector que atraviesa momentos difíciles. La llave, según Feijoo, la tienen en estos momentos los concellos, que pueden aplicar modificaciones de los coeficientes.
La organización de productores está preocupada, no solo por la subida que experimentarán tanto el catastro de rústica como el de urbana, sino también por los efectos que tendrá en las becas lo que denominan «incremento ficticio del patrimonio». El actual sistema que aplica el Ministerio de Educación para conceder estas ayudas dejará fuera a muchos estudiantes de la zona rural, ya que la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas de los miembros de la familia, dividido entre el número de miembros de la unidad, no puede pasar de 13.130 euros por miembro, según explicó Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso, una organización creada por el sindicato agrario para defender los intereses de los propietarios de los terrenos en la instalación de parques eólicos.
En cuanto a valores catastrales de fincas urbanas, la suma de los valores de las que pertenezcan a una misma familia, excluida la vivienda habitual, no pueden superar los 42.900 euros. Ya hubo algunas protestas de padres de alumnos a los que les denegaron la beca por este motivo.
Efectos en las becas
Según Unións Agrarias «ao aflorar estes valores das naves e galpóns, asociadas a actividade agraria e gandeira, aparece un patrimonio ficticio, cando a realidade é que a actividade no campo, ás máis das veces apenas deixan rendas ás familias».
El sindicato agrario tiene previsto remitirle un escrito al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para que medie ante al Ministerio de Educación para que tome medidas para evitar que se produzca una discriminación entre alumnos de concellos rurales y de ciudades.
Las solicitudes
Unións Agrarias, consciente de que es posible paliar el efecto de lo que considera «revisión desproporcionada», a través de los concellos, propondrá en el seno de la Fegamp que se adopten medidas en ese sentido. Quieren que medie para que los ayuntamientos revisen las cuotas de liquidación y que apliquen bonificaciones. El mínimo previsto por la ley es el 0,3% para los inmuebles de rústica, como granjas, galpones, establos o invernaderos.
Las bonificaciones, según el sindicato servirían «para xerar rendas e emprego no rural».
Del 0,3% al 0,9%
Potestad de los concellos
Tienen capacidad para decidir el porcentaje de aplicación. Unións pide que se aplique el mínimo previsto y las bonificaciones que permita la legislación vigente.