Hasta el año que viene no habrá declaraciones de la Operación Bebé

LUGO

El nuevo juez del caso citó a 14 imputadas para finales del mes de enero

13 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La operación Bebé, seguirá acumulando retraso. El nuevo juez del caso citó para finales del mes de enero del año que viene a 14 imputadas para que presten declaración en calidad de imputadas. Muchas de ellas declararán por segunda vez al ordenarlo así la Audiencia Provincial que corrigió a la jueza que anteriormente se ocupaba del asunto.

 Para entender la situación de la operación es necesario retrotraerse a su arranque en el año 2009. Las diligencias las puso en marcha la jueza Estela San José Asensio que, por aquel entonces, era la titular del Juzgado de Instrucción número tres. Con el paso del tiempo optó por dejar el caso por tener relación con una de las abogadas que participaban en la causa. Fue entonces cuando, aún correspondiendo el asunto al juzgado 3, asumió la tramitación la titular del juzgado 2. Pero con la marcha de la magistrada que inició toda la investigación, las diligencias volvieron de nuevo al juzgado de origen del que ahora se ocupa Sergio Orduña Alonso.

Pero por el camino hubo multitud de incidencias procesales con la intervención de la Audiencia que, en varias ocasiones, corrigió actuaciones de la responsable del juzgado 2. Una de estas consistió en ordenar la declaración de un grupo de imputadas porque la magistrada no había dado tiempo a los abogados para que se leyeran la causa y pudieran preparar así las declaraciones celebradas en su día. En su momento, los letrados de varias madres presentaron recurso ante la jueza como consecuencia de la situación que les creó, sin embargo no fue estimado. En cambio sí lo hizo la Audiencia a quien recurrieron posteriormente.

«No parece razonable ?dice el auto de la Audiencia? que a los letrados de las acusaciones se les apremie con una celeridad que ni el propio juzgado fue capaz de asumir dada la extensión de la causa. Sobre todo si tenemos en cuenta que estuvo secreta y las partes no tuvieron acceso a ella».

Con toda esta historia detrás,  Sergio Orduña es quien tuvo que asumir esa extensa causa y ponerse al día. Las declaraciones que convoca son las que hay que repetir. Las estableció para los días 21, 25 y 28 de enero. Además,  fijó un segundo turno, con cinco mujeres, para los días 29 de enero y 1 de febrero.

Entre las personas citadas para la primera tanda figura la superiora del Hogar Madre Encarnación de Lugo, en el que acabaron varias madres. En su momento le permitieron que lo hiciera por videoconferencia, pero ahora tendrá que acudir al juzgado para testificar.

El juez tendrá que explorar a dos monjas por orden de la Audiencia

La jueza que llevaba inicialmente el caso decidió en junio sobreseer libremente y archivar las actuaciones con respecto a dos monjas ancianas del Hogar Madre Encarnación por entender que por su situación no estaban en condiciones de declarar como imputadas.  Sin embargo esa decisión fue apelada ante la Audiencia.

El alto tribunal advierte que no comparte los criterios de la jueza «pues, a la vista del contenido de los informes forenses, aparece conveniente y procedente que, con carácter previo a cualquier resolución, se lleve a cabo por el instructor la exploración y examen de las dos personas, valorando si el estado de las mismas, permitiría o no su toma de declaración en calidad de imputadas, dictando luego la resolución procedente».

El fiscal dice que no adoptará decisiones hasta que declaren las imputadas

A algunas partes que intervienen en la Bebé les parece no acertada y curiosa la actuación de la fiscalía. El nuevo fiscal jefe, Roberto Brezmes explicó la pasada semana, en el transcurso de una entrevista, que estaban pendientes de las nuevas declaraciones «y a partir de ahí se tomarán las decisiones oportunas por parte de esta fiscalía».

De todos modos, el fiscal lucense añadió: «Lo que sí quiero decir es que, sin entrar a valorar el fondo del asunto, lo que he visto es que en algunas ocasiones hubo decisiones administrativas de las entidades que están llamadas a proteger al menor que no fueron recurridas; es decir, fueron consentidas en la vía administrativa y algunas llegaron a la penal. El proceso penal está para los casos más graves, límites, fronterizos. Cuando ya no queda otra solución, acudimos a la pena».

Brezmes recalcó: «Hay determinadas decisiones de la Administración que son recurribles, sobre todo cuando la entidad que acoge a un hijo se lo lleva. Sin criticar a nadie, hay una forma o cauce que el Derecho Administrativo concede que es el recurso, la impugnación de esas decisiones».

El fiscal lucense también advirtió: «No quiero entrar a valorar la decisión final, ni mucho menos.  En algunos casos que observé me pareció ver esa situación y en otros no. No quiero que se interprete o suene mal alguna frase del fiscal, pero si hay un tema en el que las personas han de verse amparadas al cien por cien es  en el que se hacen cargo de tus hijos. Se trata de un asunto muy delicado y que requiere una valoración muy especial. Vamos a esperar a ver lo que nos dicen las personas imputadas en sus declaraciones y después, lógicamente, la fiscalía actuará en consecuencia».