Acaba el nuevo registro judicial sobre contratos en la Diputación

Lugo / La Voz

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Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales abandonaron San Marcos con cajas de folios y cedés con información sobre los contratos laborales desde el 2003

03 jul 2015 . Actualizado a las 01:29 h.

Varios agentes de la policía enviados por la titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo entraron ayer a la Diputación lucense para inacautarse de la contabilidad completa de dicho organismo desde el uno de enero de 2003. Incluso se llevaron el listado completo de la plantilla de personal y de los contratados desde ese día, es decir, desde hace doce años y medio, especificando el nombre de los empleados, su DNI y el puesto de trabajo.

Se desconoce qué irregularidades puede buscar la jueza De Lara en fechas tan remotas que no hayan prescrito todavía. Hay que recordar que en el año 2003 todavía estaba empezando su último mandato el barón popular Francisco Cacharro Pardo, fallecido hace ocho meses. La documentación incautada ayer pertenece a su último mandato (2003-2007) y los dos periodos del socialista José Ramón Gómez Besteiro (2007-2015).

La actual presidenta de la Diputación de Lugo, la popular Elena Candia, que tomó posesión en minoría hace una semana tras romper la disciplina de voto el socialista Martínez, declaró ayer que se tratataba de una investigación de los último años. Sin embargo, la realidad es que los investigadores exigieron también los datos del último mandato del popular Francisco Cacharro.

Los policías, vestidos de paisano, llegaron a primera hora de la mañana y se dirigieron al departamento de presidencia. Después fueron a secretaría y también a intervención, para obtener los datos de personal y las partidas económicas de todos los años. Los agentes abandonaron el palacio de San Marcos casi a las seis de la tarde, llevándose una caja de documentación y varias cajas de disquetes informáticos en los que supuestamente se llevarían la documentación.

A su vez, los agentes devolvieron unas 20 cajas de documentos de la operación Pulpo, sobre la financiación del programa Km0, que se habían llevado hace meses.

Fuentes conocedoras del caso explicaron ayer que la información que pidió la jueza es literalmente una montaña de datos, ya que no solo están los miles de pagos realizados cada año por los distintos departamentos de la Diputación en obras, servicios, personal y transferencias a los ayuntamientos, sino también los ingresos de dinero, desde las transferencias estatales, a las entradas de la Unión Europea para cofinanciación de proyectos. Pero la partida de ingresos es mucho más amplia, porque la Diputación gestiona la recaudación de impuestos de bastantes concellos y eso genera millones de pequeños recibos de pocos euros correspondientes al pago de impuestos de los ciudadanos.

El presupuesto de la Diputación de Lugo es de 90 millones de euros y examinar la documentación de esa cuantía durante más de doce años parece una labor a largo plazo. El juzgado de De Lara cuenta con un juez de apoyo.

Una absolución y varios registros

Este registro, aunque es el que abarca más años de investigación, no es el primero en la Diputación de Lugo. La primera vez fue el fiscal Izaguirre quien desató un registro, en el año 2006. Todo acabó a finales del 2014, ocho años después, con la absolución de Cacharro y los demás imputados. En mayo del año pasado entró la jueza Pilar de Lara para llevarse documentación sobre una obra de la piscina de Monterroso. El caso todavía no se archivó ni fue a juicio. También entró meses después buscando documentación del programa Km0, cuyo caso tampoco pasó a juicio. Y además pidió documentación sobre la sociedad anónima del club de baloncesto Breogán, igualmente aún en trámite.