«Le pedía de modo caprichoso tareas que no le correspondían», apunta el abogado
08 nov 2014 . Actualizado a las 05:04 h.Entró a trabajar en Nupel para ejercer como técnica de laboratorio en el año 2008, sin embargo «de modo caprichoso» Jorge Dorribo, su jefe, le encomendó funciones completamente distintas a su profesión. A Araceli González García, en vez de trabajar en el laboratorio, lo que le pidieron fue que tramitase subvenciones, una tarea propia de una auxiliar administrativo. Finalmente acabó imputada en la operación Campeón por presuntos delitos contra la hacienda pública y de falsedad. Lo anteriormente recogido forma parte de una parte de la exposición que el letrado de esta trabajadora formula en el recurso en el que reclama el sobreseimiento libre de las acciones contra la imputada.
«Es notorio que el trabajo es un bien escaso, máxime en plena crisis por lo que resulta muy difícil para un trabajador situarse en la tesitura de desobedecer una orden empresarial, incluso aunque consideremos dialécticamente dar por cierto que la trabajadora tuviere la simple sospecha de que pudiera estar realizando alguna conducta ilícita», apunta el abogado. Recuerda después que es la empleada la que recibe órdenes directas de sus superiores en la empresa en incluso por parte de directivos y funcionarios del IGAPE, máxime cuando es ella quien recibe instrucciones directas de sus superiores e incluso por parte de directivos y funcionarios del organismo encargado de gestionar las ayudas.
Recuerda el letrado en el recurso que los cargos de dicho organismo, con sede en Santiago, generaban confianza en la trabajadora que consideraba que lo que le ordenaban hacer era lo correcto «o que al menos no está siendo mal o ilegalmente hecho, máxime cuando las gestiones se sitúan en un complicado entramado empresarial del que la trabajadora ignora si su jefe inmediato es o no partícipe y, por su deficitaria formación en dichos aspectos, desconoce los cauces por los cuales se desarrolla el giro entre empresas»
Recuerda además el defensor de Araceli que Nupel, para la tramitación y consecución del préstamo, contrató los servicios de Proitec y, por tanto, entiende que serían los asesores externos los que marcarían el camino a seguir. Entiende que la empleada tendría un «nulo o muy marginal en la trama, siendo la calificación de cooperadora necesaria excesiva y desproporcionada».
Reseña el letrado que esta trabajadora no puede ser imputada por un delito de fraude en las subvenciones porque no se benefició de «ni un solo céntimo» de la ayuda o préstamo. «Ni siquiera -añade- cuando consta en la causa contabilidad irregular de Nupel existe constancia de pago de retribución, sobresueldo o gratificación alguna por tal labor».
Dice también que no se le puede atribuir cooperación alguna cuando eran actos «que sencillamente le eran ordenados».
En cuanto a los delitos continuados de falsedad, el letrado advierte que la jueza se basa en una conversación en la que Dorribo le explica a la empleada aspectos sobre una máquina que van a vender a una tercera persona. El letrado se plantea si de ese extremo se puede deducir que la empleada hizo la documentación para presentar en la subvención manipulando las facturas y las cifras.
«De la sencilla recepción de un mensaje telefónico, cuando menos parece aventurado considerar una falsedad máxime cuando de la conversación se concluye que Araceli no estaba muy al tanto de la subvención que se proyectaba solicitar errando en su cuantía cuando se solicita en junio de 2010 y la conversación se mantiene seis meses después», destaca el recurso.
Añade el abogado que, pese a que es Dorribo el que explica a la empleada un determinado proceder o proyecto, quien realiza la gestión es el propio empresario y como prueba refiere otra conversación que mantiene con el responsable de una de las empresas denominadas pantalla.
El letrado reconoce que la empleada mandó al director del IGAPE un fax con una serie de facturas que son consideradas falsas, pero advierte que la imputada no conocía que lo fueran. Simplemente, recuerda, fue Dorribo quien le mandó que las enviara a Santiago.
Destaca también que la empleada llamó a Carlos Monjero, asesor de Nupel, para comentarle problemas con la firma del préstamo. Le recordó que se habían presentado como garantía unas máquinas que ya no estaban en Nupel. «¿Qué indicio de delito se supone cometido por Araceli cuando se limita a trasladar o informar de un aspecto al asesor? ¿Quiere ello decir que tuvo algo que ver con la presentación o formalización de garantías sobre unas máquinas que ya no eran propiedad de Dorribo? Por supuesto que no», plantea el letrado.. En otro momento recuerda que la trabajadora, que figura en la lista de 13 imputados, no tenía autonomía en su labor. «No daba pasos sin recibir órdenes de Jorge Dorribo y, por tanto, no tenía dominio funcional de los hechos que ahora se califican provisoriamente de delito».
La trabajadora niega que tuviera capacidad para falsificar facturas para el préstamo
«No daba pasos sin recibir órdenes del jefe», asegura el letrado de la imputada