Solicita para el exdiputado del PP Pablo Cobián unos 9 años de prisión y otros dos años para el entonces director del Igape
05 nov 2014 . Actualizado a las 01:56 h.El fiscal pide para Jorge Dorribo Gude, el cabecilla de la Operación Campeón, 24 años de cárcel por diez delitos relacionados con un fraude en subvenciones y préstamos solicitados al Igape. Dorribo intentaba reflotar la empresa Laboratorios Nupel -en situación económica insostenible- mediante un préstamo y una subvención que sumaban casi 4 millones de euros para inversiones en maquinaria ficticia. La jueza San José pasó meses siguiendo los pasos de Dorribo y grabando sus conversaciones hasta convencerse de que realmente no existían tales inversiones y que el empresario lo único que estaba haciendo era reunir facturas falsas y presupuestos ficticios de varias empresas, junto a tasaciones infladas, para aparentar una inversión completamente irreal en un robot y otros bienes. Según la jueza, Dorribo pretendía hacerse con los cuatro millones de euros para saldar sus deudas, y llegó incluso a realizar transferencias bancarias entre empresas suyas y de amigos, simulando que ya había pagado una parte de la maquinaria, lo cual era imprescindible para cobrar las subvenciones.
El fiscal sigue casi literalmente la exposición de la jueza y por ello solicita penas diversas para los diez delitos, sumando así los 24 años de cárcel, y 16 millones de euros de multa. La pena económica posiblemente no va a ser cobrada nunca porque todos los bienes que se le incautaron a Dorribo -dos mansiones y las naves de Nupel- tienen importantes hipotecas y serían para los bancos en caso de poder ser vendidos. El resto del inventario de Nupel, una flota de vehículos de alga gama y algunas furgonetas, ya fue subastado durante el proceso concursal, no alcanzando ni siquiera un valor simbólico de la gigantesca deuda que tenía acumulada. Dorribo vivía hasta hace unos días en el norte de Portugal, sin ningún tipo de bienes a su nombre ni de su familia, y por tanto una multa de esa cuantía parecería imposible de cobrar si es condenado.
Otra cosa será la prisión de 24 años, que aunque sea reducida en la sentencia, parece que va a llevar directamente a Dorribo a la cárcel por los numerosos delitos.
Los cometidos contra la Hacienda Pública por los que pide más de diez años de cárcel son por «obtener una subvención desgravación o ayuda de las administraciones públicas de más de 80.000 euros falseando u ocultando las condiciones». El empresario llegó a cobrar realmente 2,9 millones, que no fueron a parar al fin que decía, sino a sufragar deudas o a llevarse parte del dinero a Andorra, donde estaba montando una filial de Nupel.
Otros dos años de cárcel que pide el fiscal son por el presunto delito de falsedad en documento mercantil, ya que Dorribo pidió a otras empresas que le confeccionaran certificaciones falsas para usar ante el Igape.
Por los delitos de cohecho el fiscal le pide cuatro años y nueve meses de cárcel, por sobornar a funcionarios públicos. En diversas conversaciones telefónicas Dorribo habla con colaboradores ofreciendo abiertamente a los directivos del Igape -que ya dimitieron en su momento- «un buen detalle» si conseguía materializar las subvenciones. Igualmente la jueza consideró probado que el diputado autonómico Pablo Cobián intercedió ante el Igape para dichas ayudas a cambio de que Dorribo le patrocinase el equipo de carreras de karts de su hijo.
El delito de blanqueo de capitales por el que pide el fiscal dos años y seis meses aparece en el momento en que consigue el dinero de manera supuestamente ilegal. «Se castiga la conducta del que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito», dice el auto judicial.
Otra de las condenas que le podrían caer a Dorribo es por delito contable continuado, ya que la jueza encontró una contabilidad paralela que Nupel llevó durante varios años. Y la oficial era falsa.
Para el exdiputado del PP Pablo Cobián, el fiscal pide 9 años de cárcel y multas por más 10 millones de euros, por los delitos antes mencionados contra Hacienda, tráfico de influencias y haber recibido un soborno. Para los directivos del Igape Cristina Quintela y Joaquín Varela, dos años y nueve meses a cada uno y sendas multas de 4,36 millones de euros, por delitos contra Hacienda. Y al que fuera director de información del Igape, Carlos Silva, una multa de 5.400 euros por negociaciones prohibidas a funcionarios.
Con respecto el resto de los 13 imputados, para el socio de Dorribo, Arsenio Méndez, pide 11 años y 15 millones de multa y para Carlos Monjero, casi diez años y 9,6 millones de multas. Para el resto de empresarios que considera participantes en las operaciones, penas menores.