La lentitud del caso provocó que los testigos no recordaran los hechos
23 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Desde el 2002 andan recorriendo los juzgados los papeles relacionados con unos vertidos efectuados por la depuradora de una de las empresas lácteas del empresario lucense Jesús Lence Ferreiro. Ayer, el industrial volvió a sentarse en el banquillo para responder por segunda vez por los mismos hechos. Lo que había dicho hace cuatro años no sirvió de nada porque la Audiencia Provincial lo anuló.
La lentitud judicial en este caso es espectacular. Desde que el alto tribunal lucense anuló la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal hasta que de nuevo volvió a convocarse la vista pasaron cuatro años. Como semejante panorama no es de extrañar que algunos de los testigos citados para intervenir en la vista de ayer no se acordaran de lo que había ocurrido. Alguno de los guardias ya está incluso jubilado y así lo hizo constar en la sala.
Ahora le corresponde decidir al juez Alfonso Jiménez Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 2, que será el que se encargue de poner la sentencia. El abogado de Lence, Alejandro Fernández Pumariño presentó antes de la celebración de la vista un escrito para reclamar que se aplicara la prescripción al caso dado el tiempo transcurrido.
Por un lado están unos hechos del 7 de agosto del año 2002 y otros del día 15. Hay discrepancias jurídicas entre la fiscal y el letrado. La primera estima que los correspondientes a la última fecha están, en efecto prescritos, pero no así los primeros porque considera que el juzgado hizo algunas tramitaciones con posterioridad a la fecha de inicio.
No hay acuerdo en las fechas entre defensor y acusador. El letrado cree que la prescripción ha de tenerse en cuenta a partir de los tres años, mientras que la fiscala eleva a cinco el plazo. Por tanto ha de decidir el juez.
En su momento, el fiscal había pedido que Lence pusiese en la cuenta del juzgado 30.000 euros para cubrir las cantidades derivadas de la multa que solicitaba para él inicialmente y por los daños causados a la fauna piscícola del Rego dos Trollos. Planteaba también el acusador que, en caso de no hacerlo el empresario, se requiriera a su empresa para que pusiese 40.000 euros que es el importe de los daños causados por los vertidos de la depuradora en el cauce del río.
Para el juicio de ayer, el fiscal solicitó la declaración de seis agentes de la Guardia Civil, de cinco agentes del servicio de Medio Ambiente de la Xunta y también los técnicos del laboratorio que se encargó de realizar la analítica de las aguas del río.