El acusado del caso Valentino dice que no es suyo el polémico papel de los 90.000 €
LUGO CIUDAD
El funcionario municipal dijo a la jueza De Lara que él no recibió ninguna cantidad
21 oct 2014 . Actualizado a las 07:41 h.El funcionario del Ayuntamiento de Lugo y a la vez abogado, Justo Díaz Rodríguez, le dijo ayer a la jueza Pilar de Lara que la firma que figura en un documento que revelaría la entrega de 90.000 euros a cambio de una recalificación de los dos solares de la discoteca Valentino no es suya. Esta persona, imputada por un presunto delito de cohecho, se desvinculó por completo del contrato según el cual se comprometía a gestionar la modificación y, en caso de no conseguir un resultado positivo, tendría que devolver el dinero. La parte contraria adquiría el mismo compromiso en caso de que fuese llevada la modificación, lo que no ocurrió según reseñan los investigadores de Aduanas.
El documento que es motivo de investigación data del 17 de agosto de 2005. El mismo especifica que el propietario de las dos parcelas donde está Valentino le encarga al letrado Justo Díaz Rodríguez, funcionario también del Ayuntamiento de Lugo, el asesoramiento y realización de todas las gestiones precisas para la integración de las parcelas 12 y 13 del Polígono de Fingoi, sitas en la calle Pintor Corredoira, esquina con la calle Armórica, con una superficie de 1.9542, en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La finalidad de la gestión era conseguir que le fuese aplicado al terreno la ordenanza de edificación abierta y dentro del plan urbano que en aquellos momentos estaba en fase de revisión.
Si el cambio se producía, el dueño de la parcela se comprometía a pagar al letrado «por dicha intervención profesional y en concepto de honorarios» la cantidad de 90.151 euros en el plazo máximo de una semana desde la fecha de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Lugo.
La jueza considera que el propietario consiguió el propósito deseado cuando en 2006 se aprobó inicialmente el plan. Las fincas pasaron a quedar en zona de edificación abierta, es decir podría construirse en las mismas. Ese cambio fue contrario a los informes de varios técnicos que en sus informes dijeron que la modificación no era jurídicamente viable. De todos modos ,en la aprobación inicial las parcelas quedaron fuera de la calificación reseñada.
Justo Díaz Rodríguez negó que tuviese algo que ver con el planeamiento urbanístico en la ciudad de Lugo. La jueza, además, le interrogó sobre su condición de abogado y a la vez empleado público. De hecho pidió informes al Colegio de Abogados.
El imputado le explicó a la magistrada que no utilizó su titulación para asesorar a ninguna persona o entidad que tuviese que ver con cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento. Explicó que tenía con su esposa una asesoría, sin embargo expresó que nada tenía que ver este negocio con el Concello de Lugo. De hecho, advirtió que ofrecía información al público sobre diversas cuestiones pero ajenas por completo a la institución municipal que dejó siempre al margen de todo.
Vigilancia Aduanera revisó las cuentas del funcionario. Algunas fuentes indicaron que desde el momento en que accedió al Concello dejó de tener ingresos por conceptos relacionados con la abogacía.
La magistrada no llegó a preguntar al imputado si era conocedor de que el alcalde, José Clemente López Orozco, era sabedor de la existencia del polémico documento. Un testigo declaró que le había entregado una copia del documento al regidor municipal en las proximidades de la barbería a la que acude habitualmente. El alcalde, que en ese momento estaba acompañado de la concejala Sonia Méndez, supuestamente revisó el polémico papel. Quien se lo dio expresó que era para que supiera lo que pasaba.
La jueza entiende que el funcionario municipal, con su actuación, pudo haber incurrido en cohecho. La declaración de Justo Rodríguez se prolongó por espacio de una hora.
El letrado dice que no ofreció asesoramientos vinculados al Concello de Lugo