Una jefa de la Diputación permitía menos asfalto en las carreteras a cambio de dinero
LUGO
La jueza De Lara considera que la funcionaria cobró ilícitamente 60.000 euros
27 sep 2014 . Actualizado a las 20:02 h.Una funcionaria interina de la Diputación, que era jefa de la unidad de proyectos, justificaba obras que contratistas amigos no realizaban. En algunas carreteras echaban 15 centímetros de zahorra y aparecían justificados 25. Con el asfalto pasaba algo similar porque lo normal eran 7 centímetros y aparecían reflejados 18, según le contó un testigo a la jueza.
De Lara estima que Ana Belén Mera mantenía «una conducta delictiva habitual». Los investigadores siguen la pista a cobros presuntamente realizados por la funcionaria, por un importe de aproximadamente 60.000 euros, en tres años. Ese dinero proviene de direcciones de obras que hacía para empresarios amigos que conseguían obras en la Diputación. La investigada tenía entre sus funciones hacer ese trabajo.
Quien supuestamente hizo pagos a la funcionaria, ahora investigada, fue la empresa de uno de los imputados en la Pokémon, Manuel Santiso, quien tendría la colaboración de al menos un par de funcionarios en el organismo provincial para conseguir obras.
Ana Belén Mera Arias fue nombrada ingeniera de edificaciones, funcionaria interina del grupo A en el Plan Extraordinario de Obra Publica de la Diputación por una resolución de la presidencia del 7 de enero de 2011. Actualmente se halla imputada, también por el Juzgado de Instrucción número 1 y la policía le registró su despacho en la Diputación para volcar sus equipos informáticos que ya fueron objeto de revisión.
Los investigadores consideran que mantiene una relación fluida con Manuel Santiso, administrador de la empresa Sanle. Supuestamente le facilita diversas informaciones sobre adjudicaciones del organismo provincial. La jueza investiga si Mera Arias pudo haber llegado a participar en la posible destrucción de facturas o en la emisión de documentos falsos a favor de Construcciones Sanle.
La instructora cuenta con la declaración de un funcionario del departamento de esta mujer que le advirtió que era práctica habitual de la jefa de proyectos la justificación de gastos no realizados por determinados contratistas así como la percepción de honorarios por certificar obras que, en principio, entrarían en el ámbito de sus competencias. El testigo le expresó a De Lara que los cobros podrían ser de un 4% de comisión.
De Lara también considera que esta mujer simultanea su trabajo de funcionaria en la Diputación de Lugo, entre cuyas funciones está la dirección de obras, con la prestación de servicios técnicos a título particular a diversas empresa a las que supervisa y o certifica. Son obras adjudicadas por el propio organismo provincial y de las que, a su vez, supuestamente percibió rendimientos por actividades profesionales entre 2010 y 2011.
Los investigadores tratan de determinar si la funcionaria percibió 4.100 euros de Asogal, en concepto de colaboración, a pesar de que no podría ejercer dicha función por estar sometida al estatuto del funcionariado público y menos a una empresa a la que tenía que inspeccionar por su condición de directora de la unidad de proyectos.
Un testigo dijo que una carretera de O Carrizo (Santaballa) a Roupar de Arriba se presupuestó en un millon de euros y que la funcionaria supuestamente cobraría un 4% sobre el 20% de dicha cantidad.
En las bases de datos de la Agencia Tributaria la funcionaria está dada de alta como autónoma en 2011, año en el que declaró haber cobrado más de 30.000 euros de empresas a las que luego supervisaba en la Diputación. La jueza entiende que esta empleada con cargo en el organismo provincial pudo haber cometido presuntos delitos de falsedad y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
La investigaba justificaría obras que contratistas amigos no realizaban