El escocés que rompió una placa franquista en Negueira logra la sentencia en inglés

Laura López LUGO / LA VOZ

LUGO

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Clifford Torrents había recurrido en el juzgado alegando «indefensión» por desconocer el castellano

07 abr 2014 . Actualizado a las 07:05 h.

Le llevó meses, pero finalmente lo logró. La Audiencia provincial de Lugo ha remitido en inglés a Clifford Torrents la sentencia que ratifica su condena al pago de 434 euros de multa por romper una placa franquista en Negueira de Muñiz. Este escocés que reside en Ouviaño desde hace más de cuatro años había presentado un recurso ante la Audiencia alegando «indefensión» porque no conoce el idioma español.

Fue a principios de diciembre -unos días después de ser emitido el fallo de la Audiencia- cuando Torrents presentó el recurso apelando a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Explicaba su abogado designado de oficio que «el Tribunal debe ordenar la traducción de la resolución judicial dictada así como de otras que pudieran dictarse, ya que mi cliente no puede comprenderlas (este letrado tampoco puede hacérselas comprender dado que no domina el idioma inglés)». Finalmente, el juzgado le ha dado la razón.

El escocés de Negueira estaba esperando precisamente esta traducción para llevar su caso ante el Tribunal Constitucional, donde pedirá su absolución. Si no lo consigue, apelará a Estrasburgo.

La historia se remonta a julio del 2011, cuando Cliff, según consta en la sentencia, se acercó a la fuente pública de Ouviaño y rompió una placa conmemorativa en la que rezaba: «Reinando Francisco Franco y siendo alcalde D. José M. López, se inauguró esta el día 24-5-53». Cliff dice que destrozó la placa después de haber hablado de ello con el alcalde, el socialista José Manuel Braña, aunque este niega estar de acuerdo con esta retirada. De hecho, lo denunció y comenzó así este proceso judicial que continúa abierto.

Son numerosos los puntos de la sentencia con los que Cliff está en desacuerdo. Uno de ellos es que se estima el valor de la placa que rompió en 384,28 euros. Para el escocés, al ser un objeto ilegal según la Ley de Memoria Histórica, no puede tener valor. Es más, considera que le ahorró dinero a la Administración pública por quitar él mismo un objeto que había que retirar. Además, insiste en que el alcalde se comprometió a sacar la placa y poner luego otra diferente.