El Concello de Guitiriz está dispuesto a utilizar con todas las consecuencias la ordenanza municipal sobre plantaciones y extracción de madera si los industriales que la retiran de los montes siguen manteniendo la situación actual. El teniente de alcalde Jesús Veres anunció ayer, tras asegurar que había zonas de la red viaria municipal deterioradas por ese asunto, que la normativa incluía multas cuya cuantía mínima oscila entre 3.000 y 6.000 euros.
El edil, responsable del área de Medio Rural en el gobierno local, subrayó que las pistas en las que se aprecian daños son de titularidad municipal, que los empresarios están obligados a informar de dónde van a retirar y amontonar la madera y que el Concello tiene potestad para supervisar el estado de la red viaria antes y después de esos trabajos.
Los maderistas, explicó, están obligados a depositar en el consistorio, antes de empezar los trabajos, un aval con una cuantía directamente proporcional al volumen del material que se vaya a retirar del monte; si tras los trabajos no hay daños en la red viaria, se devuelve la cantidad, y si los hay, se espera a que la empresa causante de los destrozos realice las reparaciones necesarias.
Veres afirmó ayer a mediodía que poco antes había acudido, acompañado de personal municipal, a inspeccionar unos trabajos de retirada de madera en un monte y que había comprobado que la empresa carecía de autorización. Por ello, agregó que si hoy no se pedía autorización y de depositaba el aval en el consistorio, el Concello decretaría la paralización de las operaciones.
El término municipal guitiricense tiene una gran extensión -más de 250 kilómetros cuadrados- y una importante masa forestal en su territorio, con monte privado y comunal. A estas alturas del año, dijo Veres, se está apreciando una importante actividad de retirada de madera del monte: según sus datos, se están efectuando operaciones de ese tipo en parroquias como Santa Locaia, Parga, Buriz y Labrada.
El deterioro en algunos casos es tal que el Concello, explicó el concejal, se ha visto a invertir en alguna reparación de pistas una cantidad que cuadriplicaba la que sería necesaria si no se hubiesen efectuado los destrozos.
La ordenanza municipal faculta al Concello a imponer sanciones