Al marido de Patricia Castro también le atribuyen 3 delitos por una promoción de chalés
09 abr 2013 . Actualizado a las 07:10 h.La policía judicial de la Guardia Civil imputa a la concejala sarriana del PP, Patricia Castro Tejada un presunto delito de estafa. Este supuesto hecho lo hace también extensible a su esposo, Jorge Armesto López, al que asimismo le achacan hechos que podrían ser constitutivos de insolvencia punible y también contra el patrimonio histórico histórico. La actuación se enmarca dentro de unas diligencias abiertas por el juzgado sarriano como consecuencia de una denuncia interpuesta por varios compradores de unos chalés promovidos por las empresas de la que formaban parte los imputados. Los afectados no pueden ocupar sus viviendas porque no tienen luz ni permisos.
Los hechos arrancan antes de que Patricia Castro accediese a la corporación municipal, sin embargo afectados explicaron como supuestamente les dijo que estuvieran tranquilos porque todo se resolvería con su llegada al Concello. En su momento la oposición pidió su cabeza, sin embargo su grupo la respaldó. Patricia Castro fue concejal a de obras, sin embargo dejó dicho departamento para pasar a ocuparse del de servicios sociales. Es portavoz del PP y también presidenta del patronato de la residencia de ancianos.
La polémica está en los chalés de Cimo da Agra que fueron vendidos a partir del año 2009 por Proediz, una promotora de la que, según la Guardia Civil, Patricia Castro era asesora y fiscal y contable. Esta misma función la desempeñaba en Estructuras y Reformas Jalo, que también intervino en la venta de los chalés. De esta última era administrador Jorge Armesto López, el esposo de la edila.
Alguno de los denunciantes expusieron que los denunciados les comunicaron que les darían las viviendas sin luz y que cada comprador tendría que procurar el suministro. También hicieron constar que el esposo de la concejala asumió el pago de los honorarios técnicos y certificaciones de fin de obra y licencia de primera utilización, sin embargo supuestamente no lo hizo.
Fue denunciado, a su vez, que la empresa de los imputados hizo obras de canalización y saneamiento de las viviendas invadiendo el Camiño de Santiago.
La Guardia Civil apreció que las solicitudes iniciales de licencias figuran a nombre de familiares de los denunciados y que, posteriormente fueron modificadas con el de los compradores de cada parcela. «Es curioso que la solicitud de licencia sea realizada por familiares y no por la propia empresa o contratista. Sin embargo sí figura el nombre del contratista y su esposa en el expediente de la parcela que ellos adquirieron», dice el informe de la Guardia Civil.
Sin certificación de obra
Los investigadores pudieron determinar que no existe certificación de fin de obra, ni tampoco licencia de primera utilización. Destacan que algunos compradores manifestaron haber sido engañados porque, al formalizar la compra, les dijeron que figurarían como promotores, pero solo a efectos de financiación, «y luego resultó que lo que se pretendía era hacerles correr con todos los gastos y responsabilidades».
Dice también el informe que, «al parecer hubo alteración del precio de venta y condiciones ofertadas; se realizaron cobros por tareas no realizadas y la empresa no abonó a algunos trabajadores que participaron en las obras». Asimismo detectaron que las primeras licencias de obra figuran a nombre de familiares de los denunciados.