Las arcas municipales se embolsarán 309.000 euros de las compañías de seguros que operan en el municipio. Este dinero se recaudará a través de la contribución especial que impone el Concello de Lugo a las aseguradoras: un 5% por todos los seguros antiincendios y por la mitad de los seguros multirriesgos. La concejala de Economía, Sonia Méndez, explica el motivo de este cobro: «Las aseguradoras se benefician del servicio de extinción de incendios que financiamos todos porque asumen menos riesgos».

La ley contempla esta posibilidad y el Concello de Lugo se acogió a ella. Esta contribución especial lleva años aplicándose, pero la recaudación del 2012 será un 243% superior a la del 2011. «El año pasado, a través de la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios, que es la que gestiona este cobro, recaudamos 90.000 euros, pero solicitamos una revisión de las primas y una actualización. Y el resultado es de 309.000 euros», continúa Méndez.

Para calcular el importe, se tuvo en cuenta lo que recaudaron las compañías en concepto de primas de seguros antiincendios y la mitad de los seguros multirriesgos por bienes sitos en el municipio. En el 2011 ascendió a 6,1 millones de euros.

El Concello recibirá, por tanto, 219.000 euros más de lo previsto: «Esto permitirá compensar la reducción constante de las transferencias por parte del Estado y de la Xunta», añadió Méndez. El montante irá a la caja común porque los tributos no pueden destinarse a ninguna actuación concreta.

En la actualidad es la única contribución especial que el Concello de Lugo está cobrando, aunque la ley contempla otras posibilidades: «Antes de 1999, por ejemplo, cuando se arreglaba una calle se les cobraba a los vecinos de esa zona una contribución especial. Pero cuando llegó José López Orozco a la alcaldía suprimió este tipo de tributos y se decidió que las obras y mejoras del municipio deben asumirse entre todos», continúa Méndez.

Por otro lado, explicó que el tribunal de Luxemburgo dictó una sentencia que establece que los concellos no pueden cobrar una tasa por las antenas de telefonía móvil. Méndez señala que cuando se inició el contencioso entre las compañías de telefonía y los ayuntamientos de Badajoz y Navarra, el de Lugo decidió «ser prudente» y no cobrar, por lo que ahora no tiene que devolver ningún dinero.