Con los votos a favor de socialistas y nacionalistas, y en contra de los populares, el pleno de la Diputación aprobó este mediodía seguir adelante con el recurso contencioso administrativo contra el decreto de la Xunta mediante el que retira su financiación para la ayuda a domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Gobierno y oposición se ratificaron en sus conocidas posiciones, en contra y a favor del decreto que pasa a los entes provinciales la resposnabilidad económica del servicio. La decisión supone la persistencia del desacuerdo tras la reunión que mantuvieron el presidente de la Xunta y el de la institución lucense, en la que establecieron la elaboración de una nueva propuesta. En la sesión, la portavoz del PP, Elena Candia, pidió que se cumpla el citado decreto independientemente de la presentación del recurso, y afirmó que en el reparto de los 600.000 euros que hace al Diputación, a algunos concellos les corresponden cinco euros por usuario. El vicepresidente nacionalista, Antonio Veiga, recordó que es el único dinero que llegará a los organismos municipales y que la Xunta dedicó el año pasado 400.000 euros al servicio.

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