La excandidata a la alcaldía de Monforte estaba acusada de estafar a 24 personas
27 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Veinticuatro personas estafadas, 36.916 euros cobrados de forma fraudulenta, una oficina igual de falsa que el título enmarcado tras su mesa y una sospechosa que se hizo pasar por abogada, asesora fiscal, graduada social y funcionaria de la Xunta sin ser ninguna de estas cuatro cosas. Todo eso le atribuía la Fiscalía a Jacinta Sánchez, la que fuera candidata a la alcaldía de Monforte en el 2007 por Independientes de Lemos. Ninguna de estas acusaciones llegó a ser debatida en el juicio que se celebró ayer por estos hechos en Lugo. La acusada fue absuelta porque los supuestos delitos por los que fue procesada ya han prescrito debido a la inactividad del juzgado de Monforte que instruyó el caso. Ese juzgado dejó pasar cinco años, entre el 2009 y el 2013, sin llevar a cabo ninguna diligencia significativa que impidiese que el asunto caducase.
El escrito de acusación de la Fiscalía es mucho más completo que el de la acusación particular, ejercida por el colegio de abogados de Lugo, y que solo recogía uno de los casos en los que se suponía que la acusada se había hecho pasar por abogada para cobrar a una pareja de Pantón por unas gestiones que en realidad no hizo. El fiscal sostenía que entre 1997 y el 2003 Jacinta Sánchez «ejerció de forma continuada en la comarca de Monforte actos propios de otras profesiones sin poseer el correspondiente títulos académico o título oficial». De esta manera, y siempre según este escrito de acusación, «guiada por el ánimo de enriquecerse ilícitamente indujo a error a un número considerable de personas, ofreciéndose para pedir subvenciones par tejados y casas viejas, así como para la realización de obras y registros». La procesada llegó a desarrollar esta actividades desde una oficina abierta al público en el número uno de la calle Doctor Casares de Monforte.
La lista de afectados que constan en las diligencias, tramitadas por el juzgado de instrucción número uno de Monforte, incluye casos y cuantías muy diversas. Entre las veinticuatro personas que figuran en este documento como estafadas los hay que reclaman expresamente una compensación, otros que renuncian a ella y también algunos que consiguieron que la procesada les devolviese una parte de lo que le habían pagado.
Alardeando de abogada
Especialmente significativa resulta la descripción que el fiscal hace del caso de D.F.F., una mujer que asegura haberle entregado a la procesada 16.317 euros para conseguir que le tramitase una subvención, que la representase en un pleito y le registrase una finca. Jacinta Sánchez, dice la Fiscalía, consiguió convencerla de que le pagase todo ese dinero «haciendo alarde de que era abogada laboral y tenía un título enmarcado en la pared».
También es llamativo lo que le pasó a C.G.H., presidenta de una asociación de vecinos de Pantón. Cuenta la Fiscalía que le pagó a la denunciada 1.953 euros simplemente para «realizar una denuncia» para que su parroquia consiguiese agua. Más caro le salió a R.S.L., que durante la instrucción del caso aseguró que «la acusada, haciendo alarde de que era abogada, consiguió que le entregase 3.005 euros para pequeños gastos que conlleva un juicio».
Más suerte tuvo J.G.R, que reclamó judicialmente por su cuenta y consiguió que le devolviese el dinero mediante un trámite de conciliación. En lo relativo a este hombre, la Fiscalía decía que «la acusada, alegando que trabajaba para la Xunta, confeccionó un contrato con él para realizar una obra y este le entregó 4.000 euros». Pero él reclama igual una compensación porque se tuvo que gastar doscientos euros en el abogado que lo representó durante la conciliación.
El ministerio público también era más duro que la acusación particular en su petición de condena. Pedía cuatro años y medio de cárcel para ella, tres por estafa y uno y medio por intrusismo. El colegio de abogados se conformaba con dos años y medio en total.
Desde la cárcel de Pereiro
Jacinta Sánchez fue trasladada a primera hora de ayer a Lugo en un furgón policial desde la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar. Se sentó en el banquillo de los acusados del juzgado penal dos de Lugo, pero no llegó a declarar. Las dos acusaciones estuvieron conformes con la absolución, después de revisar las fechas de la instrucción y constatar que el caso había prescrito.