El convenio agota el primer año de vigencia sin que se abran las ayudas
19 nov 2015 . Actualizado a las 22:36 h.El número de viviendas susceptibles de recibir ayudas en Monforte pasa de 238 a 2.300 con la ampliación del Área de Rehabilitación Integral. La asignación económica, sin embargo, toca fondo con el nuevo convenio de la zona ARI, que tendrá dos años de duración. Son 44.699 euros de presupuesto, lo justo para ejecutar siete actuaciones según cálculos municipales. Cuando va a cumplirse un mes de la firma del acuerdo con la Xunta y el Ministerio de Fomento, ni siquiera están publicadas las bases para que los propietarios puedan acogerse a las subvenciones.
Del total presupuestado para el período 2015-2016, el convenio reserva 17.998 euros para actuaciones iniciadas en el presente ejercicio. Pero las bases no pudieron publicarse, entre otras cosas, porque el documento no llegó todavía al Ayuntamiento. «Parece que aínda están coas dilixencias, pero mentres non o teñamos non podemos sacar as bases», explica el alcalde. Tomé espera que los fondos asignados para el presente ejercicio sean acumulables en el 2016. De lo contrario, advierte, «o convenio sería totalmente inoperativo porque este ano xa non se vai facer nada».
El alcalde dejó patente su disconformidad con las ayudas desde el momento mismo de la firma del convenio. La Xunta, por su parte, deslizó como explicación de la escasa cuantía de los fondos que en los últimos años apenas se certificaron obras de rehabilitación en la zona ARI. El problema de fondo, sin embargo, está en el retraso con el que se aprobó la ampliación del número de calles susceptibles de recibir las ayudas.
Muchos condicionantes
La zona ARI se circunscribió en un principio al entorno de la muralla, lo que limitaba la concesión de subvenciones a un total de 238 viviendas. Según datos municipales, en ese ámbito se llevaron a cabo en los últimos años 62 actuaciones en otras tantas viviendas. En el 2013, cuando comenzó a tomar cuerpo la ampliación del ámbito del convenio, hacía tiempo ya que el burgo medieval no daba juego para nuevas obras de rehabilitación.
Al reducido número de viviendas de la primera zona ARI se sumaban otra serie de condicionantes. La ausencia de plan especial dejaba exclusivamente en manos de Patrimonio el control de las obras, con las consiguientes restricciones en materia constructiva. Una complicación nada desdeñable en una zona con 103 viviendas deshabitadas, la mayoría en ruinas y con la titularidad repartida entre numerosos propietarios. Con la nueva delimitación, la superficie acogida a las ayudas pasa del 14% a la totalidad del casco histórico.