La CIG ataca la empresa y UGT pide prudencia para que salga adelante
19 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La CIG anunció ayer que el próximo día 23 de septiembre se subastarán en el Juzgado de Lugo camiones y coches propiedad de Mafrilemos. La puja del parque móvil se produce, según el sindicato, «a instancias dun traballador que non cobrou a indemnización de 45 días por ano traballado correspondente á rescisión do seu contrato por impago de salarios, nin os salarios dos últimos seis meses».
«Aínda que se venda a totalidade dos vehículos subastados, non abondaría para saldar a este traballador», apunta la CIG, que advierte que hay otro exempleado del matadero en esa misma situación «que xa non sabe de onde vai cobrar». «Hai saídas dignas, pero nunca a conta de que o paguen os que non teñen culpa», dice su secretario local, Xosé Manuel Silva.
El gerente de Mafrilemos declinó ayer valorar las manifestaciones de la CIG, si bien desmintió que los trabajadores que están en plantilla lleven desde enero de este año sin cobrar, como asegura esta organización sindical en un comunicado.
UGT, sindicato al que pertenece el delgado de personal de la empresa, ratificó la versión del empresario y precisó que los trabajadores de Mafrilemos aceptaron cobrar semanalmente, en vez de cada mes, para que la empresa disponga de mayor liquidez. También acordaron con el gerente, según su versión, posponer el pago de los salarios pendientes hasta final de año.
Plan de viabilidad
La empresa cárnica ubicada en el polígono industrial de Monforte abandonó en septiembre del 2012 el concurso de acreedores que había solicitado un año antes. El matadero llegó a un acuerdo con sus acreedores para poner en práctica un plan de viabilidad a cinco años vista. La valoración del grado de cumplimiento del plan de viabilidad varía radicalmente según el sindicato que la realice. Mientras la CIG dice que se trata de una «fuxida cara adiante», UGT subraya que se están cumpliendo los compromisos con los acreedores y que hay salida para la producción.
«Los trabajadores que se fueron tienen derecho a denunciar, pero no es justo que pongan en peligro doce empleos indefinidos con salarios dignos», defiende Mario Docasar, portavoz comarcal de UGT. Docasar sostiene que los dos extrabajadores no fueron despedidos, sino que abandonaron la empresa por decisión propia. Posteriormente, y según su versión, habrían rechazado un acuerdo para el pago fraccionado de la deuda.