La crisis abierta en el PSOE de Monforte se resolverá en Madrid. La ejecutiva local decidió abrirle un expediente disciplinario a la concejala María José González, que en el pleno del 21 de diciembre no quiso votar a favor del plan general de urbanismo, como hicieron el portavoz del grupo municipal, José Tomé y los otros dos concejales socialistas. La concejala explicó que no le habían facilitado copia del documento, así que no conocía su contenido.

En su resolución, la ejecutiva considera que la concejala incurrió en un comportamiento indisciplinado que entra en la consideración de falta grave y muy grave, según los estatutos del partido. Si el expediente fuese por una supuesta falta leve la última palabra la tendría la dirección gallega del partido. Al ser grave o muy grave, el asunto terminará en la ejecutiva federal. Si finalmente fuese tramitada como una falta muy grave, podría llegar a aplicarse la sanción más grave, la de expulsión del partido.

Ni José Tomé ni María José González quisieron hacer ayer ninguna valoración sobre la decisión de la ejecutiva local. El primero participó en la reunión, en su calidad de secretario general de la agrupación de Monforte. En cambio, ella no estuvo porque a pesar de ser concejala ni forma parte de este órgano ni fue invitada a acudir. La expedientada todavía no había recibido ayer copia de la apertura del expediente.

La carta de Tomé

La tesis de que María José González había cometido una falta grave o muy grave ya la adelantó José Tomé en la carta que envió a mediados de este mes a la concejala para citarla a una reunión con el resto del grupo. En ese escrito, el secretario general describía la situación del grupo municipal como «grave» y acusaba a la concejala de haber incurrido en una «reiterada indisciplina continuada en el tiempo».

Cuando le llegue la comunicación oficial del expediente, con las razones que alega la ejecutiva local, la afectada podrá defenderse con otro escrito que será incorporado al procedimiento. En ese momento, la agrupación local del partido tendrá que enviar toda la documentación a la dirección provincial, que tendrá que emitir un informe sobre el caso.

Desde allí, el asunto pasará directamente a la ejecutiva federal en Madrid.

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