Policías y civiles encapuchados logran controlar la ciudad rebelde nicaragüense a costa de dejar un rastro de muerte
21 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Lo anunció el repique de las campanas de Masaya, una ciudad de 170.000 habitantes, situada a las afueras de Managua, cuya actividad estaba totalmente paralizada, al menos desde hace un mes, cuando quienes protestan contra el Gobierno de Daniel Ortega levantaron decenas de barricadas para, según explicaron, protegerse de la policía. Fue un baño de sangre.
Representantes de los opositores declararon el lunes una suerte de independencia, contestada duramente 24 horas después por las fuerzas gubernamentales. El operativo comenzó antes de la salida de los primeros rayos de sol. Decenas de policías antimotines, acompañados de civiles encapuchados y fuertemente armados con rifles de asalto AK 47, tomaron la carretera que une Masaya con Managua.
La intervención dejó seis muertos y unos 35 heridos. También imágenes espeluznantes, grabadas por los ciudadanos con sus teléfonos móviles. «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a sacarlo! ¡Él no es un perro, ayúdenme!», gritaba una mujer frente al cuerpo de Marcelo Mayorga, uno de los muertos, ante la mirada de varios oficiales antimotines. El fallecido tenía un tirachinas en una de sus manos. Otras imágenes muestran a manifestantes intentando esconderse de las balas.
Uno de los principales objetivos de los agentes fue suministrar municiones y víveres a los policías de la comisaría local, sitiada y aislada por los manifestantes desde hacía cuatro semanas. Controlan ahora el centro de la ciudad, según explicaron testigos a los medios nicaragüenses. Las autoridades civiles de Masaya abandonaron el lugar hace semanas, y todavía no han vuelto. El Gobierno distribuyó ayer fotografías en las que se puede observar cómo decenas de jubilados cobraban sus pensiones en uno de los edificios estatales. Operaciones similares se llevaron a cabo en Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí, lugares donde la actividad económica se ha ralentizado por las barricadas.
El Gobierno ha criticado duramente los «tranques» que bloquean el 70 % de las vías del país. Critican que están afectando profundamente la vida económica de Nicaragua. Ha pedido su levantamiento como condición para negociar la lista de medidas de democratización propuestas por la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEP), garante de la suspendida mesa de diálogo. Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, advirtió que Ortega está «comprometido en frenar esa ola terrorista, de crímenes de odio, secuestros, amenazas e intimidación». Señaló así a los grupos insurrectos contra el Gobierno, que considera «vándalos. La pareja presidencial cree que hay un complot de la derecha en su contra.
Ayer estaba previsto que se reuniesen con Carlos Trujillo, representante de EE.UU. en la Organización de Estados Americanos (OEA), quien aterrizó por sorpresa en el país anteayer, y se reunió con la oposición en su primer día de trabajo. «Hemos tenido buenas conversaciones con la sociedad civil. Queremos pacificar el país y que haya paz en Nicaragua», señaló Trujillo.
El diálogo entre Gobierno y oposición se encuentra suspendido desde el lunes. La alianza opositora se niega a sentarse a la mesa hasta que el oficialismo invite a un grupo de instituciones internacionales que investiguen la violencia. Parte de la oposición rechaza también retirar los «tranques», que consideran básicos para su seguridad.
Las oenegés cuentan al menos 183 muertos en dos meses de protestas antigubernamentales. Las escenas bélicas son frecuentes en el país en las últimas semanas. Varios expertos han alertado ante la posibilidad de que el conflicto derive en un enfrentamiento armado civil.