Participaron en las protestas por el desmantelamiento de Gdeim Izik, que dejó 11 policías muertos en noviembre de 2010
20 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Siete años después del violento desalojo de Gdeim Izik, bautizado como el «campamento de la Dignidad» cerca de El Aaiún, Rabat dictó sentencia. Lo hace estableciendo penas que van desde la cadena perpetua a los dos años de cárcel. Los condenados, 23 independentistas saharauis, están acusados de provocar la muerte de 11 miembros de las fuerzas policiales marroquíes durante el desmantelamiento del campo, donde vivían en torno a 20.000 personas. Ahora tienen diez días para recurrir la sentencia.
La sala Penal del Tribunal de Apelación de Salé puso ayer fin con su decisión a un proceso que se inició en diciembre del 2016, pero que en verdad se remonta al 2013. Entonces, un tribunal militar estableció penas de entre 20 años y cadena perpetua para los acusados, pero un cambio legislativo, unido a numerosas protestas populares, redirigió el caso hacia un tribunal civil.
Durante los últimos meses, los juicios estuvieron marcados por fuertes tensiones y discrepancias, que alcanzaron su punto álgido en mayo cuando los imputados y su defensa abandonaron los juicios por «irregularidades» y no volvieron a comparecer.
El proceso judicial, enmarcado en un entorno delicado como es el Sáhara Occidental, recibió el pasado lunes advertencias por parte de las oenegés Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas pidieron que las sentencias «no se basen en confesiones obtenidas a través de la tortura o maltratos en interrogatorios policiales», después de denunciar palizas, violaciones con objetos y amputaciones sufridas por los acusados. La abogada española Rosalía Perera, que acudió como observadora, calificó las penas como «durísimas» y asegura que no había pruebas que demostrasen la culpabilidad por las 11 muertes.