El presidente explotó el golpe militar del 2016 para acumular todo el poder y detener o purgar a todos los opositores
15 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.«Nunca permitiremos que se olvide el 15 de julio», aseguraba a principios de mes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en referencia al intento de golpe de estado del pasado verano. En realidad, no hace falta. Un año después, las consecuencias del levantamiento serán difícilmente olvidadas. Es como si hubiera permitido dar rienda suelta a las pulsiones cesaristas que Erdogan había reprimido o escondido hasta entonces. embarcando a su país en un viaje al autoritarismo.
En el último año, 138.000 turcos han sido despedidos de las instituciones públicas acusados de «vínculos con asociaciones terroristas», en referencia al grupo denominado como FETÖ por Ankara, supuestamente responsable del alzamiento. El número de detenidos durante el último año supera los 100.000, entre los que se incluyen 234 miembros de la prensa. El Consejo de Europa y observadores de los derechos humanos han alertado de la deriva del Gobierno, preocupados por la purga de las instituciones, el distanciamiento con Europa, y el referendo presidencialista que el pasado mayo otorgó a Erdogan el poder absoluto, haciendo de él un símbolo de la involución antiliberal a la que asiste todo el mundo.
Turquía vive desde hace un año bajo estado de emergencia, lo que ha otorgado al Gobierno plenos poderes para legislar. Con los nuevos decretos emitidos, varias academias y escuelas militares han sido clausuradas, así como una treintena de hospitales militares, sospechosos de mantener vínculos con el clérigo Fethullah Gulen, supuesto líder de FETÖ. Varios militares retirados han alzado la voz en contra de estas decisiones que, aseguran, han supuesto el colapso del sistema educativo y sanitario militar. Como ejemplo, apuntan a varias intoxicaciones alimentarias que afectaron a miles de soldados en apenas un mes.
Las ya deterioradas relaciones entre Turquía y la UE, en parte debido al largo proceso de adhesión que parece no avanzar ni concretarse, se han visto también afectadas. Durante un tiempo, Ankara insinuó que tras el golpe podía haber «potencias extranjeras» y, más recientemente, acusó a varios países, especialmente a Alemania, de dar refugio en sus fronteras a «terroristas» pertenecientes a FETÖ y el grupo kurdo PKK.
Las relaciones con Europa son cada vez más distantes, como evidenció la salida de Alemania de la base militar de Incirlik, aunque a ninguna de las partes les interesa romperlas por completo. A Bruselas, por el papel de Ankara en el control del flujo de migrantes que llegan a territorio europeo. A Turquía, por la legitimación que ofrece a su Gobierno el proceso de adhesión.
La tensión también es palpable con EE.UU., aliado de Turquía en la OTAN, a pesar de que en un principio Ankara esperaba que las relaciones mejorasen con la llegada de Trump al poder. Pero el apoyo de Washington a las milicias kurdas en Siria, que Turquía considera una rama más del grupo terrorista PKK, y la negativa a extraditar a Gülen, han tensado la cuerda. Tampoco la situación en la región es idílica, después de que Ankara decidiese apoyar a Catar tras el bloqueo impuesto por las petromonarquías del Golfo.