Maduro echa a la ministra de Salud por dar datos sobre la crisis sanitaria
INTERNACIONAL
Acusan al presidente de pagar la última campaña de Chávez con dinero de un soborno
13 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Informar en Venezuela conlleva riesgos. Así lo vienen denunciado las organizaciones de derechos humanos al referirse a la cantidad de periodistas que año a año son agredidos, atacados o procesados por ejercer su profesión en el país caribeño. Sin embargo, la noticia de que el presidente Nicolás Maduro destituyó a la ministra de Salud, Antonieta Caporales, luego de haber publicado un informe en el que admite la mortalidad infantil y materna han vuelto a crecer, ha dejado en claro que los funcionarios chavistas también pueden ser objeto de represalias por abrir la boca.
La remoción de la funcionaria se produjo menos de 24 horas después de que su despacho publicara un boletín epidemiológico, en el cual reconoció un aumento de 30,12 % en la mortalidad infantil y de 65 % en la materna entre el 2015 y el 2016, así como un repunte de enfermedades que se creían erradicadas hasta no hace mucho como la malaria, con lo cual se confirma la grave situación de la salud en el país.
En el boletín, el primero que se publica desde mediados del 2015, se informa de la muerte de 11.466 niños de 0 a 1 un año en el 2016, así como de 756 fallecimientos maternos. Según la Federación Médica Venezolana, los hospitales funcionan con apenas el 3 % de los medicamentos y materiales requeridos, mientras que la escasez de medicamentos en las farmacias en enero pasado llegó al 85 %, según la Cámara Farmacéutica.
Denuncia desde Brasil
La destitución de la ministra coincidió con la difusión desde Brasil de una denuncia que acusa a Maduro de pagar, con dinero ilegal, parte de la última campaña electoral del fallecido Hugo Chávez. Mónica Moura, esposa del reconocido publicista brasileño Joao Santana, quien ideó el concepto de la campaña «Chávez, corazón del pueblo» -y en particular de los famosos ojos-, en una declaración ante la Fiscalía de su país, aseguró haber viajado a Caracas junto a su marido y haberse reunido con el entonces canciller Maduro en su despacho para contratar la campaña de Chávez, por la cual habrían pactado 35 millones de dólares.
De acuerdo con el documento difundido este jueves por el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la mujer aseguró que Maduro le entregó en mano 11 millones de dólares en efectivo y además «exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de la reelección se hicieran con recursos no declarados, ya que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez».
Esta denuncia es la primera que implica a Maduro con el escándalo de corrupción que ha salpicado a la constructora Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una pena de prisión por haber pagado sobornos a cambio de recibir contratos con la empresa estatal Petrobras. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que estas prácticas se extendieron por toda América Latina. Odebrecht, en una confesión para lograr reducir su condena, aseguró el año pasado que solo en Venezuela pagó a funcionarios chavistas 98 millones de dólares a cambio de contratos.
Reprimen con gas pimienta una manifestación de abuelos
Con bastones o en sillas de ruedas, solos o acompañados por sus hijos y nietos, cientos de abuelos salieron a las calles de Caracas y de otras ciudades para sumarse a la ola de protestas antigubernamentales que desde hace más de un mes sacuden a Venezuela y que, hasta ahora, ha dejado 38 fallecidos. Y como los demás manifestantes fueron reprimidos con métodos ultraviolentos e incluso con gas pimienta para disolver a los grupos más combativos con las fuerzas de seguridad afines al régimen venezolano.
Pese a que la principal demanda de la protesta de ayer era la exigencia de contar con medicamentos para atender sus enfermedades, también se escucharon reclamaciones a favor de la celebración de elecciones de forma inmediata y el fin del golpe contra la Asamblea Nacional.
«No queremos dictadura, sino una vejez digna, medicinas, comida y libertad», declaró Lourdes Parra, de 77 años, quien llevaba una bandera venezolana como chal y un letrero que decía: «Esta abuelita está arrecha (enojada) y sigue en pie por su país».
Esta movilización no escapó a la represión. La policía no dudó en usar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que querían llegar al centro de Caracas, de forma específica hasta las dependencias de la Defensoría del Pueblo. Los agentes no repararon en la avanzada edad de algunos de los manifestantes ni en sus problemas de salud a la hora de cargar contra ellos.
Sin embargo, después de una conversación entre unos agentes y manifestantes la situación la represión cesó y se le permitió a la marcha avanzar unas cuantas calles más hacia el centro de la capital venezolana, donde un funcionario recibió el documento con sus exigencias para hacerlo llegar al defensor del Pueblo, Tarek William Saab.