Improvisación y múltiples retrasos en el desarme de la guerrilla colombiana

HÉCTOR ESTEPA BOGOTÁ / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

HÉCTOR ESTEPA

Las zonas de transición no tienen agua potable ni infraestructuras básicas

04 mar 2017 . Actualizado a las 12:12 h.

Una bandera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) da la bienvenida a un lugar conocido como La Variante. Es una de las 26 zonas veredales de normalización donde estos días avanzan en su tránsito hacia la vida civil los casi 7.000 efectivos de la guerrilla. Se encuentra a una hora en automóvil del municipio de Tumaco, en el Pacífico colombiano.

El sitio es poco menos que un erial. Es todavía difícil encontrar un espacio con un poco de sombra en un lugar donde tenían que existir, desde hace semanas, varias zonas comunes, una recepción, un puesto de salud y los alojamientos.

Apenas se ha logrado construir un almacén y los cimientos de algunas edificaciones. Unos 40 operarios se afanan por adelantar trabajo. Menos del 20 % de estructuras están listas.

Para encontrar a los guerrilleros hay que caminar durante quince minutos más por un escarpado camino rural. Se han concentrado en un campamento improvisado por los retrasos en la construcción. Rudimentarias tiendas de lona o plástico se alinean en torno a una especie de calle central. Los fusiles cuelgan de los troncos que sirven como improvisadas vigas. Allí viven unos 250 guerrilleros, que llegaron a finales de enero, tras la última marcha de las FARC.

A pesar de la calma, reina la indignación. «No tenemos ni agua. Nos abastecen con un carro tanque. Bebíamos agua del río, pero está contaminado. Hay quemaderos de crudo y todo ese desecho viene al río. Da problemas de oído», se queja la guerrillera Kamila López.

«No hay una buena atención médica. Un compañero que fue atendido en Tumaco amaneció sentado en una silla», comenta la joven, de 28 años. Se lanzó a la selva cuando tenía 14. «El Gobierno tiene que cumplir su palabra con el pueblo colombiano», reclama desencantada. 

Preocupación en Bogotá

En Bogotá hay preocupación. El problema no es sólo en La Variante. Muchas de las 26 zonas de desmovilización están en una situación similar. Los políticos son conscientes del retraso de unas cuatro semanas. Aluden a las deficiencias logísticas del país como el principal motivo de la demora. «Nos ha tocado intervenir sobre 350 kilómetros de vías», señaló el secretario de Presidencia, Luis Guillermo Vélez.

El temor es que la demora afecte a los puntos más críticos del proceso, como el desarme. El pasado miércoles era una fecha clave. Las FARC deberían haber comenzado a entregar parte de su armamento. En cambio, las tres partes implicadas, guerrilla, Gobierno y ONU, comunicaron que la entrega comenzaría por hacer una lista con el material en manos de la insurgencia.

Tampoco ese registro comenzó el miércoles, al menos en La Variante: «No hay nada. Las FARC estamos listas para seguir adelante en el cumplimiento del proceso de paz y todo está retrasado porque no hay obras. No están los campamentos hechos. No se ha aprobado la amnistía ni el indulto», critica el comandante Edison Romaña, dando cuenta de la demora.

La ONU reconoce esos retrasos. Subraya, eso sí, la necesidad de ser cuidadosos en el proceso de desarme de la guerrilla. Quieren ir con tacto. El objetivo, recalcan todas las partes, es que la implementación del proceso culmine con éxito en la fecha marcada, dentro de 87 días. 

Cinco líderes de la guerrilla, expulsados por contradecir la línea político-militar

Pocos en Colombia pensaban que desarrollar el acuerdo con las FARC iba a ser tarea sencilla. Los retos sobre la mesa del Gobierno de Juan Manuel Santos son casi innumerables. El país lleva más de cinco décadas respirando aire envenenado por un violento conflicto armado. Cambiar las inercias de la guerra no es fácil. 

El proceso «de paz» acumula un retraso aproximado de unos treinta días, según los expertos. Es preocupante, pero no crítico. Las FARC reclaman celeridad, pero siguen mostrando su disposición total a continuar con el acuerdo. El reto más inmediato es finalizar la construcción de las zonas veredales transitorias de normalización. Son 26. El avance de las obras en muchas de ellas no alcanza el 20 %.

Otro problema son las disidencias de las FARC. Se han dado, sobre todo, en zonas calientes por el narcotráfico. Al menos cinco líderes guerrilleros fueron expulsados de la organización por haber entrado «en contradicción con la línea político-militar» del grueso del grupo. A ellos se les unieron unos 300 insurgentes. Se teme que sigan operando el lucrativo negocio de la coca. El asesinato de líderes sociales se ha disparado en los últimos meses, al mismo ritmo que proliferan las bandas paramilitares. El pasado año hubo un homicidio de defensores de los derechos humanos cada tres días. Hasta 117 personas perdieron la vida. Este año ya van una veintena. 

El ELN como reemplazo

Las poblaciones demandan protección y el Estado parece no estar siendo capaz de frenar la sangría. Son las mismas comunidades rurales las que están llamando al Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda mayor guerrilla de Colombia, para pedir ayuda. Los insurgentes dicen estar acudiendo a ciertas zonas. El ELN inició su propia negociación de paz con el Gobierno el pasado 7 de enero. Los debates se están celebrando en Quito. Esa presunta ocupación de zonas dejadas por las FARC levanta suspicacias en Bogotá, como posible maniobra para ganar fuerza en la negociación. Los líderes de la guerrilla lo niegan.

El diálogo con el ELN y la paz con las FARC pasarán, además, una prueba en el 2018. Los colombianos acudirán a las urnas para elegir presidente. El sector opositor dirigido por el expresidente Álvaro Uribe es reacio a parte del acuerdo. Si se impone en las urnas, el ELN lo tendrá más difícil para negociar.

«Hay un incumplimiento total del Gobierno»

HÉCTOR ESTEPA

yesid es el comandante de la columna Mariscal Sucre de las FARC. Está a cargo de la zona veredal La Variante, en Tumaco. Se presenta sin su uniforme, ataviado con boina y camiseta decoradas con la imagen del Ché Guevara. 

-¿Qué se encontraron al llegar?

-Esto es simplemente una explanada, un terraplén. Hay un incumplimiento casi total por parte del Gobierno. Esta zona no tuvo y no tiene las instalaciones para nuestra estadía y nuestro tránsito hacia la vida política legal. Cumpliendo nuestra parte, hicimos presencia. Tenemos problemas de hacinamiento. Aquí estamos 250 personas. Tenemos madres lactantes. Gestantes. No hay agua potable...

-¿Qué le piden al Estado?

-Que realmente cumpla con la implementación de los acuerdos. Sin vacilaciones ni distorsiones.

-¿A qué achaca los retrasos?

-Desafortunadamente, la estructura del Estado está corroída por la corrupción. Hay una cantidad de subcontratos pasando de mano en mano y gente que realmente no tiene experiencia ni la maquinaria para hacerse cargo de esa infraestructura. Los contratos deben de ser investigados.

-¿Cómo va el abandono de las armas por parte de las FARC?

-Hasta ahora no ha habido presencia del mecanismo internacional que debe adelantar el proceso. Debería haber unos contenedores donde se va a depositar inicialmente el material que es inestable. Pero en este momento no hay logística preparada para eso.

-¿Como están las zonas que ustedes dejaron?

-La situación de la inseguridad es total. Hay un incremento de grupos paramilitares. Hay incertidumbre porque vemos que el Gobierno prácticamente no está cumpliendo con lo acordado en la cuestión de seguridad. Ya hace rato, y además por deber, el Estado tendría que haberle brindado la seguridad al pueblo.

Yesid alerta de la acción de los grupos de paramilitares.