El veredicto final se conocerá en enero y tendrá implicaciones sobre la estrategia que utilice May para la salida del bloque común
06 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno británico reclamó al Tribunal Supremo que tome una decisión que entienda «el común de los hombres y mujeres» en la primera jornada de la apelación sobre el desafío legal que supone el brexit y en la que once jueces estudiarán el asunto, considerado uno de los casos más importantes en la historia legal británica. Para James Eadie, el abogado que representa al Gobierno de Theresa May, los ministros tendrían que ser los que activen el brexit y no hay ninguna base que obligue a que sea el Parlamento el que tenga la última palabra.
La audiencia comenzó con el abogado general del Estado Jeremy Wright exponiendo el caso del Gobierno. En su opinión, los poderes de «prerrogativa real» que quiere utilizar el Gobierno de May para activar el artículo 50 no son una «reliquia antigua», sino un «pilar fundamental» de la Constitución del Reino Unido como Estado soberano.
Wright apuntó que la legislación que permitió el referendo sobre la UE había sido aprobada con la clara expectativa de que el Ejecutivo implementaría el resultado.
El Gobierno llega a esta apelación después de que hace un mes el Supremo dijese que los parlamentarios tenían que ser consultados antes de activar el brexit. Tras cuatro días de audiencias, el veredicto final se conocerá en enero y tendrá implicaciones sobre la estrategia que utilice May para la salida del bloque común, pues de ganar el caso el camino será mucho más fácil.
El presidente del Supremo, Lord Neuberger, dejó claro que los jueces considerarían el asunto imparcialmente y tomarán una decisión siguiendo la ley. Neuberger reconocía así el interés público que despierta el caso y los «fuertes sentimientos políticos» que rodean la polémica salida del Reino Unido de la UE.
«Esta apelación se refiere a cuestiones legales, y como jueces, nuestro deber es considerarlas imparcialmente y decidir el caso de acuerdo con la ley», explicó en medio de amenazas de los tabloides para que se respete el resultado del referendo del 23 de junio.
Además, Neuberger advirtió a aquellos que han atacado por correo y en redes sociales a Gina Miller, directora de inversiones y autora de la petición para que el Parlamento tenga la última decisión en el asunto. «Amenazar a las personas porque están ejerciendo su derecho fundamental de ir a los tribunales socava el Estado de derecho», lamentó.