Saqueos y protestas se multiplican en respuesta a la crisis y la radicalización de Maduro
18 may 2016 . Actualizado a las 17:39 h.Los médicos del principal hospital pediátrico de Venezuela que exigen con una protesta en el interior del centro médico la presencia de la ministra de Salud, porque los niños están muriendo por falta de medicinas. Una multitud desesperada que intenta saquear un hipermercado del Estado y ha de ser contenida por la Guardia Nacional. Profesores y empleados de la principal universidad pública que cortan con neumáticos incendiados el acceso al campus. Trabajadores del monopolio estatal de electricidad que exigen incrementos salariales protestando ante la sede de la empresa, Corpoelec.
Todo esto en solo un día, el lunes, y poniendo el foco solo en una ciudad, Caracas. En el interior de Venezuela las cosas no están mejor. Al menos dos ciudades de la provincia arden en protestas estudiantiles. Hasta ahora ninguno de los 166 saqueos o intentos de saqueo que se registraron en el primer cuatrimestre habían sido en la capital, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, pero con una inflación del 56 % en tres meses, un salario mínimo (unos 30 euros) que apenas cubre la quinta parte de los gastos de un hogar y cuatro horas diarias de cortes de luz, mientras los funcionario trabajan un día a la semana, a los venezolanos se les agota la paciencia con Nicolás Maduro. Esta semana puede ser clave para su supervivencia política, y la respuesta del mandatario consiste en radicalizarse con un estado de excepción que le faculta para «dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante actividades desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país».
El decreto publicado el lunes otorga facultades al Ejército para participar en la distribución de alimentos y viene complementado por una orden de hacer «ejercicios militares» este fin de semana y el sobrevuelo, el lunes, de aviones de guerra sobre la capital, sin que mediara ningún aviso previo. La presencia de militares en las ciudades es cada vez más ostensible desde hace una semana, con frecuentes controles en avenidas y autopistas de unidades equipadas con fusiles.
Cerrar el grifo a las oenegés
Una sociedad a la que preocupa en especial que el decreto pueda eliminar la financiación de las oenegés habla ya abiertamente de que el Gobierno de Maduro es una dictadura. El debate se ha trasladado extramuros. El Gobierno estadounidense aseguró el lunes que la situación en Venezuela es «desalentadora» y que las condiciones son «terribles» y el secretario general de la OEA decidirá en pocos días si solicita la activación de la Carta Democrática Interamericana. La tensión, sin embargo, no arredra a la oposición, que saldrá a la calle el miércoles otra vez para exigir lo que más parece temer Maduro: el referendo revocatorio que perdería por un margen abultado. Un referendo para el que el líder opositor Henrique Capriles solicitó la mediación de la Iglesia católica, temiendo que su negación termine por obturar la gigantesca olla de presión que es Venezuela hoy.
«El decreto del estado de excepción es la consumación de un autogolpe», señala el parlamentario Freddy Guevara, líder interino de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. «El Gobierno pretende que aquí haya una guerra civil [?]. A las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral, a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo y a la Fuerza Armada les digo: no sean parte de la ceguera y locura de la cúpula corrupta», pidió Guevara en una rueda de prensa el lunes.
Nuevas trabas al revocatorio
El CNE, según la oposición, ha agregado requisitos antes inexistentes a la solicitud del referendo revocatorio para impedir que se realice este año. Los cuatro portavoces más importantes del Gobierno (el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, el diputado Diosdado Cabello y el líder del grupo parlamentario chavista, Héctor Rodríguez, además de Maduro) declararon al unísono que «no habrá referendo». Según dicen, la oposición cometió «un fraude» al recoger en menos de 48 horas 2,5 millones de firmas, cuando solo necesitaba 195.000.
Sin embargo, el peor temor de la oposición es que los tiempos políticos vayan más lentos que los sociales. El gobernador de Lara, el exchavista Henri Falcón, considerado un opositor moderado, dijo que «Venezuela está a las puertas de una explosión social» y que «la mejor solución para el propio Maduro es el revocatorio». Muchos creen que un sector del chavismo quiere deshacerse de él y lo está incitando a radicalizarse para que las circunstancias fuercen su renuncia.